La PMcM lamenta que el TJUE genere "confusión" sobre la devolución de los intereses de demora

Polígono industrial (Euskadi)
SPRI
Publicado: jueves, 16 febrero 2017 13:45

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) lamenta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se quede "lejos" de sentar criterio y en su lugar genere "confusión" al dejar "en el limbo" la solución a la devolución de los intereses de demora.

En una nota, la plataforma advierte de que la sentencia del TJUE deja a 230.000 proveedores sin los 3.000 millones de euros a los que el Gobierno les exigió renunciar si querían cobrar mediante los planes de pago a proveedores puestos en marcha desde 2012.

"Teníamos la convicción de que la sentencia del TJUE supusiera un punto de inflexión en la lucha contra la morosidad en España, pero su interpretación excepcional lo que genera es una posición de dominio de las administraciones públicas en el pago a proveedores", denuncia el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Cañete señala que la sentencia de la justicia europea argumenta que la firma de la renuncia de los intereses de demora es "legítima en sí misma siempre y cuando fuera voluntaria y precisamente el saber si lo fue corresponde determinarlo a un juez nacional". "Creemos que con ello no tiene en cuenta la relación de posición de dominio entre cliente y proveedor", añade.

VOLUNTARIEDAD DE LA RENUNCIA A LOS INTERESES

La abogada general, Eleanor Sharpston, concluyó en mayo de 2016 que la medida del Gobierno fue legal porque, a su parecer, la renuncia a los intereses de demora fue "voluntaria" al considerar que los acreedores tenían otras "opciones reales".

Así lo manifestó "a pesar de ver que la propia Comisión Europea intentó replicar vehementemente que, en cierto modo, el mecanismo no era voluntario y que, de hecho, los acreedores no tenían elección", explica Cañete.

Para el presidente de la PMcM, el argumento de la voluntariedad resulta "injustificable y sorprendente" a la vista del literal del artículo 7.2 de la directiva de 2011, donde se recoge que se considerará "manifiestamente abusiva" una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora.

En su opinión, lo "justo" sería que se exigiera a las administraciones públicas que pagaran de oficio los intereses de demora, ya que "no es comprensible que cuando los ciudadanos y empresas liquidamos nuestros impuestos fuera de plazo tengamos que pagar intereses, y que no ocurra lo mismo con las administraciones públicas".

CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO

Por otra parte, la PMcM se refiere al anuncio "inesperado" de la Comisión Europea, que expedienta al Gobierno español y le insta a adoptar medidas antes de dos meses para que las administraciones cumplan el plazo legal de 30 días. "Este aviso solo puede interpretarse como una exigencia a la implantación del régimen sancionador de manera inmediata, que es una de nuestras históricas reivindicaciones", señala Cañete.

La PMcM está a la espera de recibir respuesta por parte de la institución europea sobre otro asunto más de "vital importancia", referido a que ponga fin a la metodología establecida por ley en España para el cálculo del periodo medio de pago de las administraciones públicas, que desde la organización denuncian que "maquilla la cifra real, al reducirla en al menos 30 días".

En cualquier caso, la PMcM confía en que la próxima decisión que tome Bruselas sea favorable a los intereses de pymes y empresas.

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

De igual forma, la PMcM ha alertado de la "grave situación" de la tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo plazo de enmiendas finaliza este sábado 18 de febrero, ya que, de aprobarse el proyecto actual "se permitiría una ampliación sine die del tiempo de certificación".

Según la PMcM, esto produciría una "involución" en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y cierre de empresas. "No entendemos cómo se puede proponer volver al acuerdo entre las partes (entre contratista principal y subcontratista), y que todavía se confundan los plazos de pago con lo que son medios de pago como el confirming, entre otros", subraya Cañete.

Ante la previsión de que el régimen sancionador sea una realidad "en breve", la PMcM ha empezado ya a preparar la cuarta edición de su Cumbre Político-Empresarial, que se celebrará a finales del primer trimestre del año.