Contempla 8.495 plazas de acceso libre y 6.613 de promoción interna, pero los sindicatos dicen que no crea nuevo empleo y se pierden efectivos
MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha adelantado este miércoles a los sindicatos de Función Pública el desglose de la mitad de la oferta de empleo público de 2019 en la Administración General del Estado (AGE) que prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes, que contempla 8.495 plazas de acceso libre y 6.613 de promoción interna, a las que se sumarán más hasta rondar las 30.000 plazas, según han confirmado a Europa Press en fuentes sindicales. No obstante, los sindicatos denuncian que con la oferta no se creará nuevo empleo público y que incluso se pierden 500 efectivos en la AGE.
Así se lo ha trasladado el Ministerio de Función Pública y Política Territorial a los sindicatos del sector público en la primera de las dos reuniones convocadas para esta semana de las comisiones de trabajo de la Administración General del Estado, que dependen de la Mesa General de Negociación de la AGE, en la que participan los sindicatos del área pública (CSIF, CC.OO., UGT, USO y CIG).
En la reunión del grupo de trabajo de este miércoles Función Pública ha adelantado a los sindicatos parte de la oferta de empleo público del ejercicio de 2019 en la AGE, que pasa por 8.495 plazas de acceso libre (en las que se incluyen 383 plazas extraordinarias por el Brexit) y otras 6.613 plazas de promoción interna.
En total la cifra adelantada supone 15.108 plazas, si bien a esta habría que sumar la oferta para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares, Sanidad y Enseñanza de Ceuta y Melilla, hospitales militares, Justicia no transferida (órganos centrales y algunas comunidades autónomas) y entes públicos empresariales, como Puertos del Estado, autoridades portuarias, Enaire, la Fábrica de la Moneda o Sasemar.
SIN "CIFRAS GRANDIOSAS" NI MESA DE NEGOCIACIÓN
Fuentes sindicales temen que la oferta definitiva que se aprobará el viernes no incluirá "cifras grandiosas" y que no superará apenas la de las algo más de 33.000 plazas del año pasado, ya que en el Gobierno "no tienen mucho margen por la prórroga presupuestaria".
De hecho, la oferta de 8.495 plazas de nuevo ingreso es 200 plazas inferior a la del año pasado, si bien las 6.613 de promoción interna suman 409 plazas respecto al año pasado, según cálculos de CSIF. A estas, según datos de Justicia recogidos por el sindicato, se añadirían 2.000 lazas para estabilizar plazas interinas del personal de justicia no transferida a las CCAA.
Desde CSIF temen que la oferta apenas servirá para cubrir las jubilaciones y que, con una tasa de reposición del 100% en ámbitos prioritarios y del 75% en el resto se seguirá destruyendo empleo público.
De esta forma, el Ejecutivo da un impulso a la negociación de la oferta de empleo público de este año en la AGE, que verá la luz en el Consejo de Ministros de este viernes, con anterioridad al inicio el día 12 de abril de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril.
No obstante, fuentes sindicales han cuestionado la magnitud de la oferta de la que solamente serán informados, ya que Función Pública les ha trasladado que no va a convocar la Mesa General de Negociación de la AGE, en la que se suscribiría un acuerdo con las organizaciones sindicales.
El responsable de Empleo de CC.OO. en la AGE, Javier Martínez, ha criticado que las cifras adelantadas no suponen el mantenimiento de empleo público, ya que se pierden casi 500 efectivos en la AGE.
El Gobierno dio luz verde en julio del año pasado a tres Reales Decretos sobre empleo público que contemplan conjuntamente la convocatoria de 23.156 plazas, que sumadas a las 7.688 que había convocado el pasado mes de abril para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado arrojaron una oferta de empleo público total para 2018 de 30.844 plazas, la mayor oferta de los últimos diez años, consensuada previamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Además, a finales de enero aprobó un Real Decreto con la Oferta de Empleo Público con 2.528 plazas para la estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado, correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, con lo que la oferta del año pasado alcanzó ya las 33.372 plazas.
PLANTILLA ENVEJECIDA
CSIF ha reclamado concretar la oferta de empleo público para afrontar cuanto antes las necesidades de la AGE y los retrasos que acarrean estas convocatorias, ya que aún no ha salido la convocatoria de 2018, y pide continuar en la senda de creación de empleo neto como ocurrió en 2018.
Al contrario de lo que ocurre con las administraciones autonómicas o locales, CSIF denuncia que la Administración General del Estado sigue perdiendo empleo, con 201.030 efectivos (datos de julio de 2018) registrando así su mínimo histórico desde 2002. Advierte además de que un total de 31.801 empleados públicos de esta administración tienen más de 60 años (3.494 tienen más de 64) y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.
Para UGT, era necesaria una promoción interna "real" y que estuviese por encima de las últimas ofertas, ya que esto permitiría al personal de la Administración General del Estado (AGE) "mejorar sus condiciones laborales, sus retribuciones y su futuro laboral". El sindicato defiende que, a través de la Oferta de Empleo para 2019 y de un plan plurianual, se corrija el déficit estructural de personal de la AGE.
Por su parte, Martínez (CC.OO.) ha reclamado que ante el "grave envejecimiento" de la plantilla exige más empleo público con base en el II acuerdo por el empleo y más plazas de promoción interna. CC.OO. ve "obligatorio" sacar todas las plazas de estabilización así como la oferta ordinaria, incluido el incremento en un 5% adicional de tasa de reposición para cubrir necesidades urgentes en determinados servicios, como la Seguridad Social.
Las organizaciones sindicales han reclamado de nuevo la eliminación de la tasa de reposición para crear empleo nuevo. UGT reivindica una tasa de reposición superior al 100% de efectivos, con especial atención a la Agencia Tributaria, Seguridad Social e instituciones penitenciarias.
