MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Asempleo, la asociación que agrupa a la mayoría de las agencias de colocación, ha pedido este jueves a las instituciones europeas que aclaren el contenido de la sentencia sobre las indemnizaciones de contratos temporales e indefinidos a fin de garantizar seguridad jurídica.
En su opinión, la situación provocada por la publicación de este fallo es "confusa" y exige una aclaración para evitar inseguridad jurídica en el marco de relaciones laborales español.
En este sentido, Asempleo advierte de que la falta de seguridad jurídica, agravada por la ausencia de un Gobierno con plena capacidad política y de un Parlamento sin plena potencialidad legislativa, puede conducir a generar confusión entre los empleadores, estimular el empleo sumergido y afectar a las previsiones de creación de empleo.
Aunque las sentencias dictadas por el TJUE no determinan la obligación de modificar la legislación española, Asempleo subraya que el principio de efecto directo del Derecho Europeo permite a los particulares invocar directamente una norma europea ante una jurisdicción nacional.
"Una información deficiente, junto con la creación de expectativas infundadas, contribuirá a crear una mayor judicialización de las relaciones laborales y un incremento de la conflictividad", alega al respecto.
NO EXISTE DISCRIMINACIÓN ENTRE TEMPORALES Y FIJOS.
Asempleo asegura además que en la legislación española actual no existe discriminación entre contratos temporales e indefinidos pues en ambos casos la indemnización es de 20 días por año trabajado si se produce un despido objetivo y de 33 días en caso de despido improcedente.
En lo que sí existe diferencia es en el hecho de que los contratos temporales cuentan con una compensación legal de 12 días a la finalización del contrato, "algo distinto a las indemnizaciones por despido que se producen antes de finalizar el contrato de duración determinada", expone.
Asempleo afirma además que una mayor participación de las agencias privadas de empleo en la gestión de la temporalidad en las Administraciones Públicas evitaría el encadenamiento irregular de contratos temporales en el sector público.
