La sentencia considera que Springwater debe responder como grupo laboral, por lo que su administrador único tendrá que asumir las responsabilidades
MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha considerado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por Delion a principios del año 2018, que afectó al puesto de trabajo de 270 personas.
La sentencia, de 16 de mayo, considera nulo el ERE de Delion, lo que implica la readmisión de dichos trabajadores, que al no haber empresa, pueden acudir a otras del grupo, y el pago de sus salarios desde la fecha de su despido.
La compañía Delion dedicaba su actividad a la impresión, manipulación, control y ensobrado de todo tipo de documentos, utilizando papel o cualquier tipo de soporte, maquinaria informática y gráfica, así como las funciones de asesoría y consultoría en su campo de actividad
El fallo reconoce la responsabilidad de todas las empresas del Grupo Springwater y a su administrador único, Martin Gruschka, como instigador en el fraude de la venta, por lo que tendrá que asumir las responsabilidades de la liquidación.
Los jueces subrayan en el fallo que Springwater vendió "artificiosamente" las participaciones sociales de Delion a una empresa con un capital social de 3.000 euros, que a su vez vendió sus participaciones a otra empresa con el mismo capital social, "sin cumplir ninguna de ellas los compromisos adquiridos para reflotar la empresa".
Por tanto, según CCOO, sindicato que llevo este tema a los tribunales, "se confirma en sede judicial el esquema utilizado por Gruschka, que ha servido para liquidar empresas eludiendo obligaciones con trabajadores y proveedores".
CCOO lleva años denunciando el modo "fraudulento" de operar de este fondo y así se lo trasladó al Ministerio de Empleo. "Además de haber provocado el despido de numerosos trabajadores, Springwater debe millones de euros al Estado, tanto a la Seguridad Social como a
Hacienda", ha acusado el sindicato.
En este sentido, el secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO, Raúl Olmos, ha asegurado que es el Gobierno quien tiene la obligación y los recursos para poner freno a este fondo buitre".
Sobre este tema, Olmos ha confirmado que su organización seguirá trabajando frente a los "fondos buitre", como el caso de Springwater, "que sin interés alguno en desarrollar verdaderos proyectos empresariales y aprovechando la laxitud de la actual legislación y que el Gobierno mira para otro lado, destruyen el tejido productivo y empresarial a la búsqueda de beneficio rápido y fácil".
