BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el plan de lucha contra el fraude puesto en marcha en 2012 ha contribuido a aflorar más de 420.000 empleos irregulares, casi 6.000 empresas ficticias, ha transformado 253.000 empleos temporales en indefinidos y ha supuesto un impacto económico de más de 17.700 millones de euros en ahorros al sistema de la Seguridad Social.
"La experiencia de estos años ha sido clara: la suma multiplica, y en la lucha contra el fraude, la suma de nuestras voluntades seguirá multiplicando resultados en forma de empleo de mayor calidad", ha declarado la ministra durante la firma de un convenio de colaboración con la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa.
En virtud de este convenio, se creará y regulará una Comisión Interadministrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que servirá para compartir datos y colaborar entre las dos administraciones en la lucha contra el fraude en la Seguridad Social.
Esta comisión, en la que también participará el Gobierno del País Vasco --ya que también tiene las competencias transferidas-- se reunirá dos veces al año, y su creación da cumplimiento a la ley de Inspección de Trabajo de 2015.
Según ha explicado Bassa, permitirá que responsables de la Inspección de Trabajo de Catalunya, País Vasco y el Estado establezcan conjuntamente los criterios para diseñar las diferentes campañas de inspección: "Podremos establecer criterios, tener voz en los programas de inspección y planificar los recursos humanos", ha apuntado.
Báñez ha resaltado que este convenio establece la unidad de acción de las diferentes administraciones que tienen competencias en Inspección de Trabajo a la vez que garantiza el ejercicio de la autonomía de cada una.
La ministra ha defendido que con este convenio el Gobierno y la Generalitat dan "un paso más para sumar" el objetivo doble de crear nuevo empleo y de que cada vez sea de más calidad.
Al acto también han asistido el delegado del Gobierno central en Catalunya, Enric Millo; el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos; el director general de la Inspección de Trabajo, José Ignacio Sacristán, y el secretario de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat, Josep Ginesta, entre otros.
