MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Comercio prevé que la "gradual desaceleración" esperada en la economía española a lo largo de 2019 se traslade al mercado de trabajo, con un aumento acumulado del número de ocupados del 1,7%, según ha señalado en un comunicado.
En concreto, cree que esta trayectoria se traduciría en la creación de 316.000 puestos de trabajo en el conjunto del año. Además, también a finales de año, la Cámara de Comercio estima que la economía española podría situar su tasa de paro en el 13,5%.
Bajo su punto de vista, la lucha contra el desempleo y el fortalecimiento del mercado laboral "deben seguir en un lugar destacado entre las prioridades de la política económica del próximo Gobierno".
De hecho, ve necesario la supresión gradual de las debilidades estructurales en su funcionamiento, especialmente en lo que tiene que ver con la calidad del empleo y la inclusión de colectivos "en evidente riesgo de exclusión".
Por ello, la Cámara de Comercio considera que sería necesario revisar la eficacia de las políticas activas de empleo, mejorar la adecuación de la capacitación de los trabajadores a las necesidades del mercado o reducir la burocracia asociada al proceso de contratación laboral.
Respecto al aumento de la productividad del trabajo, ve necesario impulsar medidas estructurales en el ámbito de la educación y la formación y en la capitalización y dotación tecnológica de las empresas.
"La modernización del mercado laboral debería acompañarse asimismo de otras medidas que aporten mayor certidumbre, tanto desde el punto de vista político como económico", ha añadido.
También cree que el nuevo Ejecutivo debe disponer de la solidez suficiente para afrontar con determinación las necesarias reformas económicas y para "concitar consenso en los asuntos claves".
En materia económica, la Cámara de Comercio considera necesario que España siga reduciendo su endeudamiento y cumplir "escrupulosamente con la senda de déficit comprometida con los socios comunitarios", sin olvidar las necesarias reformas en ámbitos como el funcionamiento y eficiencia de las administraciones públicas, la financiación autonómica y el sistema de pensiones o "los necesarios acuerdos en materia energética o educativa".
