MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. y UGT han acordado iniciar un proceso de movilizaciones en la Administración General del Estado (AGE) ante el "progresivo deterioro" de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, según han informado este lunes las organizaciones sindicales en una nota.
La primera acción a realizar será una concentración de delegados del sector en la sede de la Dirección General de la Función Pública en Madrid el próximo 1 de junio entre las 12 y las 14 horas.
Las organizaciones sindicales han explicado que los motivos que justifican esta acción derivan de la existencia de "graves problemas" vinculados a la ausencia de una negociación colectiva "real", ya que denuncian que "no ha sido posible abordar, en los espacios de negociación abiertos en el ámbito, aspectos sustanciales de las condiciones de trabajo de su personal".
Asimismo, advierten de que la progresiva pérdida de puestos de trabajo en la AGE, junto las políticas del Gobierno que "apuestan por la privatización de servicios", está poniendo en peligro los servicios públicos prestados por esta Administración.
Según CC.OO. y UGT, buena parte de estos servicios públicos se encuentran "al borde del colapso y precisan de soluciones extraordinarias respecto a la oferta de empleo público". Igualmente, ven necesaria la negociación en materia de planificación de recursos humanos para abordar soluciones definitivas de cara al futuro.
PODER ADQUISITIVO Y OTROS DERECHOS.
También se movilizarán por la "ausencia de voluntad" para abordar la recuperación del poder adquisitivo que han perdido los empleados públicos, al considerar que la mejora de la situación económica del país debe reflejarse "progresivamente" en el salario del personal público.
Otro de los motivos que aducen los sindicatos es que el proceso de recuperación de derechos "sustraídos" al personal de la AGE se ha paralizado. En este sentido, subrayan que es necesario que se aborde la devolución de manera inmediata de aquellos aún pendientes, como es el 100% del salario en caso de IT, la formación, la acción social o el plan de pensiones.
De igual forma, denuncian la falta de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y las consecuencias que esto significa sobre los derechos del personal de la Administración del Estado, especialmente en relación al personal funcionario que, tras 10 años desde su aprobación, aún tiene pendiente la regulación de estas materias (carrera profesional, clasificación profesional o sistema retributivo) en desarrollo de esta norma.
Por último, reprueban también la paralización de la negociación del IV Convenio Único del Personal Laboral de la AGE y la "incapacidad" de la representación de la Administración para dar respuesta a las reivindicaciones de este personal en relación a la clasificación profesional o respecto a sus retribuciones.
