MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
CCOO y UGT han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, al considerar que excluye a las organizaciones sindicales más representativas e incluso a las organizaciones empresariales.
Las organizaciones sindicales considera que resulta "incomprensible" que se margine de la comisión a los interlocutores sociales encargados constitucionalmente de la representación de buena parte de los objetivos de la norma.
Según consta en la exposición de motivos de la norma, "a través de la contratación pública socialmente responsable o la contratación pública estratégica de carácter social, las autoridades públicas pueden promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad, diseño para todos, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la más amplia aplicación de las normas sociales, así como los compromisos voluntarios más exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas".
A juicio de CCOO y UGT, los interlocutores sociales, como conformadores del diálogo social, reconocido en los tratados fundacionales de la Unión Europea y en los tratados de funcionamiento, tienen un papel "esencial" en órganos como la mencionada comisión interministerial.
De esta forma, considera que la composición establecida por el Gobierno en el decreto "vulnera el derecho español y europeo a la participación institucional de las organizaciones sindicales más representativas".
