MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La organización de autónomos UPTA ha advertido este martes de que casi 5.000 pequeños restaurantes peligran por la decisión del Gobierno de incluir en la base de cotización la ayuda a la comida que muchas empresas dan a sus trabajadores a través de comedores laborales o de sistemas indirectos como vales o tarjetas para uso exclusivo en establecimientos hosteleros.
Más de 600.000 trabajadores reciben actualmente estas ayudas, que se transforman en el consumo de menús, entre 8 y 10 euros diarios, en pequeños restaurantes de los ámbitos urbanos de oficinas y zonas empresariales de las grandes ciudades.
En total, casi 35.000 restaurantes en toda España están adheridos a este sistema y de ellos, más de 5.000 tienen carácter familiar, regentados por trabajadores autónomos y con menos de tres trabajadores. Para estos establecimientos, los vales y tarjetas de comidas representan más del 25% de su facturación diaria.
Debido a que la inclusión de los vales de comida en la base de la cotización de la Seguridad Social representa un mayor coste para la empresa, se podría producir la desaparición progresiva de estas ayudas en muchas pymes o reducirse el valor medio de éstas, dejando las ayudas en valores muy inferiores al del precio medio de los menús actualmente vigentes en la hostelería, según avisa UPTA.
Los trabajadores autónomos del sector de la hostelería y la restauración, organizados a través del Departamento Sectorial de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), y la Asociación de Emisores de Vales de Comida, (AEEVCOS), han mantenido una reunión para valorar las consecuencias de esta decisión adoptada por el Gobierno.
El secretario ejecutivo de Política Sectorial de UPTA, César García, ha advertido de que el sector de autónomos de la hostelería teme que la aplicación de esta medida produzca una "drástica" disminución de su facturación, con posible pérdidas de empleo y "riesgo de cierre de muchos establecimientos".
Ambas entidades esperan que esta medida sea reconsiderada por el Gobierno, permitiendo la tramitación parlamentaria del Real Decreto-Ley donde se recoge esta medida como proyecto de ley y posibilitando la inclusión de una enmienda parcial que impida las consecuencias económicas y sociales temidas por el sector de la hostelería.
