MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Área Pública de CCOO, que integra las federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, solicitó hoy al Defensor de Pueblo, Enrique Múgica, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el decreto en el que se recorta el salario de los funcionarios.
En concreto, la petición del recurso afecta al Real Decreto Ley 8/2010, en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. La norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de mayo y convalidada por el Congreso de los Diputados el 27 de mayo.
CCOO justifica su petición en cuestiones tanto de fondo como de forma. En cuanto a las primeras, argumenta que el decreto precisa para su aplicación la existencia de "extraordinaria y urgente necesidad", lo que, para el sindicato, no se cumple en este caso.
El Tribunal Constitucional, recuerda, ha establecido que esta premisa jurídica ha de utilizarse cuando haya razones difíciles de prever. En relación con este punto, CCOO dice no cuestionar "la gravedad de la crisis económica ni la necesidad de adoptar medidas de control de las cuentas públicas", pero puntualiza que la crisis era "perfectamente conocida".
Además, CCOO expone que del propio decreto se infiere la "absoluta carencia de motivación que permita la utilización de esta vía extraordinaria, que incluso en el colmo de la provocación se permite la inclusión de medidas que deberán hacerse efectivas a partir de enero de 2011, sin que pueda alcanzar a entenderse la urgencia del procedimiento".
En cuanto a los motivos de fondo, CCOO cita la supresión de derechos constitucionales, la expropiación del valor del trabajo y la mala fe por parte del Gobierno. Asimismo, alude a la vulneración de derechos fundamentales como el de libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva.
En ese punto denuncia la "unilateralidad" en el recorte de derechos sociales, plasmada, entre otros puntos, en la suspensión del Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2012 en su aspecto retributivo, lo que para el sindicato constituye "una agresión sin precedentes a los derechos básicos, hurtando la negociación a la representación sindical".
CCOO también considera de "dudosa legalidad" no tanto la inaplicación del incremento salarial del 0,3% pactado en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos 2010-2012, como la reducción de un 5% de la masa salarial.
Junto a esto, el sindicato mantiene que se vulnera "la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", puesto que el decreto dispone "un trato distinto a empleados públicos en función de la Administración de procedencia o del régimen jurídico que les vincula con ésta".
El Área Pública de CCOO también incluye en la exposición de motivos la intrusión del Estado en competencias de las comunidades autónomas y de los entes locales, la vulneración de la legislación laboral y la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Convenio 151 de la OIT.
CCOO espera que el Defensor del Pueblo, el único recurso de la sociedad para acceder al Tribunal Constitucional, resuelva favorablemente la solicitud y que, con ello, se inicie "un cauce jurídico para tratar de frenar el recorte de derechos salariales y sociales de los empleados públicos".
