Y equiparar los requisitos para acceder a los fondos de patronales y sindicatos con el del resto de operadores
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha pedido este martes al Gobierno que acometa una revisión extraordinaria de todos los expedientes de los cursos de formación para el empleo en todas las comunidades autónomas para aclarar si los casos de fraude que se han detectado en regiones como Andalucía o la Comunidad de Madrid forman parte de un problema más amplio.
La solicitud se inscribe en una moción de UPyD, derivada de una interpelación a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que tuvo lugar el pasado 28 de mayo. Aunque el texto constaba de once puntos, finalmente han salido adelante siete gracias al respaldo del PP y, en algunos casos, de otras formaciones parlamentarias.
Junto con la revisión extraordinaria de los expedientes, que se enmarcaría en la Conferencia Sectorial, la Cámara Baja también exige al Ejecutivo que tenga un "papel más activo" ante los tribunales en la persecución de estos casos, que se persone en las causas, que inste a la Fiscalía a actuar y que tome medidas para recuperar todo el dinero posible de las cantidades defraudadas.
Para el futuro, propone establecer mecanismos para que el Gobierno central "controle" que las comunidades hacen un uso "adecuado" de los fondos estatales y europeos para formación, mejorar la coordinación de los servicios públicos de empleo garantizando la posibilidad de que un parado pueda participar en actividades de otras regiones, crear una web nacional de ofertas de empleo y formación y exigir a cualquier entidad los "mismos requisitos de acreditación" para impartir formación, eliminando la distinción de la que gozan patronales y sindicatos.
REACCIÓN "INSATISFACTORIA"
Durante el debate del texto, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha criticado la "insatisfactoria" reacción de los gobiernos regionales y central ante el "fraude" detectado en la formación para el empleo en varias comunidades, como Andalucía o Madrid, que "viene pasando durante más de una década" y quizás es "parte de un problema más amplio" a nivel territorial.
"No es posible ignorar lo que ha sucedido, hay que mirar al pasado para corregirlo y exigir responsabilidades. El Ministerio de Empleo debe revisar todos los expedientes para cerciorarse de que los casos conocidos no son la punta del iceberg y debe tener un papel más activo en las denuncias para recuperar la mayor parte del dinero", ha exigido.
Por su parte, el presidente de la Comisión parlamentaria de Empleo, el 'popular' José Eugenio Azpiroz, le ha recordado que los casos de fraude han sido aflorados gracias a los "mecanismos ordinarios" de la Administración si bien ha reconocido que hace falta mejorar el sistema de la formación profesional, un trabajo que el Ministerio y los agentes sociales tienen "muy avanzado", según ha dicho.
De hecho, ha precisado que "en pocas semanas" se pondrá en marcha una ventanilla estatal única de empleo y formación que se sumará a la web única que ya funciona y que, según Azpiroz, "no va en contra de las web de las comunidades sino que trata de sumar". El diputado ha asegurado asimismo que ya se está trabajando en la mejora de la coordinación entre administraciones.
RESPETO COMPETENCIAL
Por otra parte, ha reconocido compartir las propuestas de la formación magenta en relación con la potestad de los Servicios Públicos de Empleo sobre quién participa en cada acción formativa aunque dejando al parado cierta capacidad de elección, de modo que pueda priorizar la formación que prefiera dentro de un listado amplio que le proponga su oficina en función de su perfil profesional y formativo. Asimismo, debería poder proponer al servicio de empleo sustituir estas acciones por otra formación reglada y oficial, manteniendo el derecho a becas y ayudas a la formación.
El PP no comparte sin embargo los cambios en este sentido que UPyD proponía para las acciones formativas dirigidas a trabajadores con empleo, y por eso no ha apoyado ese punto de la moción. Sin embargo, las palabras de Azpiroz pueden dar alguna pista sobre por dónde podría ir la reforma del sistema de formación para el empleo que prepara el Ministerio.
El responsable 'popular' ha asegurado que, en cualquier caso, dicha reforma será "respetuosa con el reparto competencial" y debe primar el "espíritu de colaboración" entre administraciones al "control unilateral".
NO TODA LA FORMACIÓN ES FRAUDE
Por su parte, la socialista Pilar Lucio está de acuerdo con UPyD en que hay que "mejorar la vigilancia" de los fondos destinados a la formación para el empleo, pero rechaza que se "generalice" que ha habido una mala gestión de estos programas o que se traten de recentralizar estas políticas. En cualquier caso, coincide en que el debate sobre cómo mejorar las políticas de formación para el empleo es "realmente necesario".
Aunque el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, cree que este debate es "oportuno, imprescindible y urgente", ha criticado que UPyD lo plantea de forma "parcial y desenfocada". "Lo que debería ver la Cámara es cómo contribuir a mejorar el sistema de formación para el empleo y sus resultados, y cómo pueden garantizar las administraciones la mayor eficacia en la utilización de los recursos públicos, tanto en la normalidad como cuando hay fraude", ha dicho.
Tampoco CiU quiere trasladar la impresión de que la formación para el empleo es "igual a fraude" ni "generalizar la visión de que los interlocutores sociales, que gestionan tan sólo una parte de esos recursos, están instalados en el derroche". "Un debate planteado así no ayuda a resolver el problema y aumenta la desconfianza ciudadana", ha advertido Carles Campuzano, reclamando el debate "fundamental" sobre cómo mejorar este sistema y "hacerlo más eficiente".
El portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, cree que todos los puntos de la moción de UPyD conculcarían el ordenamiento jurídico vigente y la división de competencias. "Reconozco la buena intención de sus pretensiones, pero hay que tener rigor y se trata de planteamientos puramente demagógicos y oportunistas", ha dicho, refiriéndose a las propuestas sobre revisar todos los expedientes, personarse en las causas judiciales o recuperar el dinero, entre otros.
