MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Empleo niega tener ninguna intención de ceder a las empresas de trabajo temporal (ETT) las políticas activas de empleo, y asegura que el modelo que está implantando se basa en la colaboración público-privada para mejorar la eficiencia en la gestión de las ofertas laborales y en la medición y evaluación de los resultados obtenidos.
Así consta en una respuesta escrita a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien a raíz de las medidas aprobadas el año pasado para permitir la entrada de las ETT en la intermediación laboral, preguntó al Ejecutivo si estaba "estudiando privatizar" las políticas activas de empleo y qué medidas se habían adoptado para mejorar el servicio público --que sólo intermedia el 1,6% de las contrataciones-- antes de plantearse esta decisión.
En su texto, que recoge Europa Press, el Ministerio que dirige Fátima Báñez comienza afirmando de forma tajante que "no se ha planteado en ningún momento" la posibilidad de ceder las políticas activas de empleo a las ETT, para insistir a renglón seguido en que "las agencias de colocación sólo pueden colaborar con los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) en el desarrollo de acciones de intermediación laboral".
CAMINO ABIERTO POR EL PSOE
Una colaboración a la que abrió la puerta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, en su reforma laboral de 2010 "modificó la regulación de las agencias de colocación dando entrada a las de lucro" con el objetivo de "mejorar los mecanismos de intermediación laboral para fomentar las oportunidades de acceder a un empleo" por parte de los parados, iniciando así la "colaboración público-privada" en la materia.
La reforma laboral que los 'populares' aprobaron en 2012 "ha potenciado esta línea de actuación de colaboración público-privada", dice el Ejecutivo, reformando el marco regulador de las ETT para "autorizarlas a operar como agencias de colocación" en tanto en cuanto "constituyen un potente agente dinamizador del mercado de trabajo".
Esta prioridad se incluyó también en el Plan Anual de Política de Empleo 2012, y el decreto ley de Medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, de febrero del año pasado, también modificó la Ley de Contratos del Sector Público para "concluir de forma conjunta acuerdos marco con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios que se consideren oportunos para facilitar a los Servicios Públicos de Empleo la intermediación laboral".
Así, el SEPE ha presentado ya un acuerdo marco en el Sistema Nacional de Empleo para "vertebrar el modelo de colaboración público-privada" en este ámbito, de modo que las empresas privadas puedan "participar en un proyecto común para la dinamización del mercado laboral español".
EVITAR BARRERAS REGIONALES
Y es que, dado que las políticas activas de empleo son competencia de las comunidades autónomas, el Ejecutivo quiere evitar que se puedan crear "barreras de carácter territorial que limiten la competencia, fragmenten el mercado laboral nacional y mermen el potencial de colaboración público-privado".
Con todo ello se crea un modelo de intermediación laboral "que prima la eficacia en los servicios prestados, con retribuciones basadas en resultados, medidos en términos de empleo estable", afirma el Gobierno, que también señala que se ha aprobado un marco común de seguimiento de la actividad de intermediación en todo el país, para "reforzar el vínculo entre políticas activas y pasivas de empleo que tantas dificultades encuentra con la actual distribución competencial".
Así, el Ministerio asegura que ya se está redactando el informe de seguimiento del Plan Anual de Política de Empleo de 2012, que "permitirá el seguimiento detallado de las políticas de activación" laboral que gestionan tanto comunidades como SEPE, una evaluación que también se aplicará a todas las acciones y medidas desarrolladas por los servicios públicos de empleo de cualquier nivel de la Administración.
Finalmente, el Ejecutivo recuerda que el real decreto aprobado por Zapatero en diciembre de 2010 para regular las agencias de colocación como entidades colaboradoras del SEPE fija las obligaciones de las ETT, que "deberán desarrollar su actividad con sujeción a lo establecido en el convenio de colaboración" además de cumplir las "obligaciones adicionales" que se recogerán en las resoluciones de autorización de cada agencia concreta.
