MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
España necesitará no menos de 430.000 trabajadores inmigrantes cualificados para mantener la competitividad de la economía hasta 2012, lo que supone la entrada anual de más de 100.000 nuevos empleados, según el III Anuario de la Comunicación del Inmigrante en España, editado por Etnia Comunicación.
El estudio apunta que estas previsiones ponen de manifiesto "una importante falta de mano de obra motivada fundamentalmente por el desajuste existente en el mercado de trabajo entre oferta y demanda de perfiles cualificados, así como por el envejecimiento paulatino de la sociedad española y los bajos índices de natalidad en nuestro país".
Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que participó en la presentación del anuario, algunas de las perspectivas del estudio "coinciden" con la última actualización trimestral del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. "Hay necesidades en el sector sanitario y en el ámbito de la ingeniería y la informática", dijo al respecto.
Por otro lado, Rumí afirmó insistió en que el Gobierno no instaura "ningún cupo" a la entrada de trabajadores inmigrantes y que "potencia" la contratación de extranjeros y españoles en el mercado interno.
"El Gobierno no establece ningún cupo, ninguna cantidad, lo que hace es medir, evaluar y cuantificar la demandas de los empleadores, y, en el ejercicio de su actividad, potencia la contratación de españoles y extranjeros en el mercado interno antes de recurrir a la contratación externa", manifestó.
En su intervención la secretaria de Estado defendió además las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en la pasada Legislatura, como el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, para configurar la política migratoria del país.
Así, señaló que el anterior ciclo ejecutivo fue una "Legislatura constituyente" porque "se sentaron las bases y se articularon respuestas a un fenómeno (el migratorio) positivo que requiere de capacidad de gestión".
En este sentido, con respecto a la gestión actual del Gobierno en materia de inmigración, la secretaria de Estado subrayó que la crisis económica no cambia las bases de la política migratoria sino que hace que se dé prioridad "a algunas de sus dimensiones".
"El aumento del desempleo conlleva concentrar los esfuerzos en satisfacer las demandas con trabajadores que ya se encuentran en nuestro país", recalcó para después añadir que el Ejecutivo maneja "una política flexible con capacidad de adaptación a los cambios".
A su juicio, los herramientas creadas por el Gobierno funcionan para el "ciclo de contracción de empleo". "Ésa es la realidad de nuestro mercado laboral y no cabe duda que se ha puesto de relieve la eficiencia de los instrumentos", concluyó.
