MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los funcionarios contarán con un protocolo de actuación para prevenir la violencia verbal y física que sufren en sus puestos de trabajo y que ha crecido exponencialmente durante la crisis, y también para recibir atención y depurar responsabilidades en el caso de que las agresiones se acaben produciendo.
Este protocolo, que de momento se podrán en marcha como proyecto piloto en las oficinas de la Seguridad Social en Ciudad Real, ha sido promovido por el sindicato de funcionarios CSI-F, junto al el Ministerio de Empleo.
Según el texto suscrito en Ciudad Real con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al que ha tenido acceso Europa Press, Empleo contempla como violencia, "además de las agresiones físicas, las conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosadoras".
Según la portavoz de CSI-F, María Ángeles Mur, en el caso de la violencia presencial, se han dado casos desde agresiones con documentos que estaban a mano en ese momento, hasta amenazas con realizar grabaciones y publicarlas en Internet, pasando por destrozos en los coches de los funcionarios o seguimientos.
Mur hace hincapié en que los funcionarios que trabajan atendiendo a los ciudadanos por vía telefónica también tienen que soportar en muchos casos amenazas e insultos, que a la larga suponen un gran desgaste para estos trabajadores, y que se producen gracias al anonimato en el que se resguarda en agresor por la inexistencia de grabaciones disuasorias como las de los servicios de atención al cliente en las empresas privadas.
¿CÓMO FUNCIONA EL PROTOCOLO?
Así, el protocolo que se implantará en Ciudad Real establece un compromiso para dar "respaldo y apoyo incondicional" al trabajador, que engloba desde medidas preventivas ante las posibles secuelas de estrés postraumático tras una agresión, hasta el ofrecimiento de asesoría jurídica.
El protocolo recomienda que, ante cualquier situación de violencia, el personal debe proceder con calma, tratando de contener la situación, sin responder a las agresiones o provocaciones verbales, y pidiendo ayuda inmediata a los compañeros.
En el caso de persistir la situación, insta a alertar a la policía y a los servicios de emergencia, si fuera necesario. Posteriormente, el Responsable de Unidad, elaborará un informe sobre los hechos para trasladarlo a sus superiores.
Asimismo, se contempla la notificación del incidente en un Modelo de Registro de Atenciones, la deuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía, para que actúe conforme al artículo 550 del Código Penal, que establece como delito las agresiones contra los funcionarios públicos.
AUMENTO EXPONENCIAL DE LAS AGRESIONES.
Este protocolo permitirá llevar a cabo un registro anual sistematizado de agresiones, que actualmente no existe salvo en ámbitos específicos como el de los centros penitenciarios.
Si bien, desde el sindicato CSI-F indican que los casos de violencia contra los funcionarios se han multiplicado "exponencialmente" desde el inicio de la crisis, lo que ha llevado a Empleo a "tomar conciencia" de esta "realidad silenciosa".
El pasado mes de abril, el Ministerio de Empleo ya puso en marcha una póliza de seguros colectiva para los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinados en las oficinas de prestaciones, que garantizaba su defensa jurídica en situaciones de agresión verbal o física en su actividad diaria.
Este prococolo, según CSI-F, es "un paso más" que espera se extienda al conjunto de la Administración General del Estado (AGE), así como a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Desde el sindicato se celebra este avance en la "sensibilización social" ante este tipo de situaciones, que "en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada".
"Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de plantillas e incluso nuestra función social", sentencia CSI-F.
