MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno responsabiliza al anterior Ejecutivo del PSOE de los retrasos de tramitación que acumula el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al asegurar que al inicio de esta legislatura había tantos expedientes "sin resolver, atrasados y acumulados sin orden" que "ni siquiera era posible contabilizarlos con exactitud", aunque calculan que sumaban entre 80.000 y 100.000 reclamaciones pendientes.
Así lo asegura en respuesta a varias preguntas presentadas por diputados socialistas sobre la situación del Fogasa, que a 30 de septiembre de 2013 acumulaba 181.579 expedientes pendientes de resolución en todo el país, la cifra más alta desde 2008 (pese a no incluir el año completo), cuando el ejercicio se cerró con 10.072 casos sin cerrar.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno explica que entre 2007 y 2011, cuando el PSOE aún estaba en La Moncloa, se produjo un "incremento exponencial" de las solicitudes de prestaciones al Fogasa como consecuencia de los altos niveles de destrucción de empleo registrados en esos ejercicios. De este modo, se pasó de 59.100 expedientes en 2008 a más de 205.000 tres años después, llegando el incremento en algunas provincias al 400%.
SIN CAMBIOS DE PERSONAL
Este fenómeno no vino acompañado de ninguna medida de adaptación de la plantilla de Fogasa, que desde 2008 no ha incorporado nuevos efectivos. "Nada se hizo en esos años para corregir el problema. No se adoptaron medidas correctoras eficaces para una gestión adecuada de esta carga de trabajo", critica el Ejecutivo.
Ambas circunstancias provocaron un incremento de la ratio de expedientes a tramitar por funcionario, que "se multiplicó por cuatro" entre 2008 y 2012, lo que conllevó "una demora en la resolución de expedientes que, en algunas provincias, es superior a un año".
Así, en diciembre de 2011 los expedientes pendientes de resolución del Fogasa se cifraban entre 80.000 y 100.000, un dato difícil de precisar dado que los casos pueden ser colectivos o individuales, y también hay diferentes tipos de solicitud, por lo que "a priori sólo se pueden realizar estimaciones" de cuántos expedientes siguen pendientes.
PLAN DE VIABILIDAD
No obstante, el Fogasa puso en marcha el año pasado un Plan de Viabilidad para agilizar la tramitación de los expedientes, que incluye medidas como la creación de grupos de trabajo de funcionarios para avanzar en el trabajo fuera de la jornada laboral, el traspaso de funcionarios de provincias con poco retraso a otras delegaciones con más expedientes acumulados, o la celebración de un concurso para cubrir las vacantes del Fondo hasta completar la plantilla.
Además, también se nombraron funcionarios interinos, a los que este año se sumarán otros 28 en todo el país con contratos por un periodo de seis meses. Por otra parte, Tragsatec ha recibido la encomienda para el tratamiento de expedientes pendientes, si bien los trabajadores de esta empresa pública no pueden resolver los casos sino únicamente ayudar en las labores administrativas.
RETRASO DE 216 DÍAS
Según los últimos datos de Fogasa hechos públicos por el Gobierno en otra respuesta parlamentaria, que cubren hasta el 30 de septiembre de 2013, la antigüedad media de los expedientes pendientes de tramitar por el Fogasa es de 216 días, en torno a los siete meses, aunque los que llevan más tiempo 'atascados' datan de 2012.
Aunque el Ejecutivo aseguraba entonces que ninguno de los casos está paralizado, aunque "excepcionalmente puede existir algún expediente no resuelto de años anteriores que o bien está pendiente de anulación por duplicación o bien tiene una problemática compleja", lo cierto es que el número de expedientes pendientes del Fogasa ascendía a 181.579, destacando los casos de Barcelona (37.588), Madrid (33.800) y Valencia (26.547).
Sin embargo, no se puede cuantificar el gasto que suponen estos expedientes acumulados ya que "no son homogéneos, no siempre son individuales, no todos se rigen por la misma legislación ni a todos les afectan los mismos límites de cuantía", por lo que el cálculo sólo será posible una vez concluya la tramitación.
En cualquier caso, los retrasos no generan intereses a favor de los afectados, a quienes no se informa por escrito sobre la situación de su caso aunque "sí se les informa verbalmente en el momento en que, de manera presencial o a través de certificado electrónico, solicitan cualquier aclaración sobre este tema".
