MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La mesa del diálogo social, formada por Gobierno, sindicatos y patronal, acordó esta tarde volver a reunirse el próximo lunes, día 26, para centrarse en abordar el primer punto del documento remitido por el Ejecutivo a las partes, que versa sobre la necesidad de reducir la dualidad del mercado laboral --polarizado en contratos indefinidos de alta protección y temporales-- y en la conveniencia de extender la contratación a tiempo parcial.
Según informaron a Europa Press en fuentes de la negociación, los sindicatos, que han expresado sus reticencias al documento de 14 páginas presentado por el Gobierno al considerar que abre la puerta a un abaratamiento del despido, han planteado la necesidad de "separar en la negociación lo urgente de lo estructural", y están de acuerdo en comenzar por los diferentes modelos de contratación.
Por su parte, la CEOE, que en principio calificó de "inconcreto" el documento, ha declinado valorarlo hoy argumentando que debe ser la junta directiva del próximo miércoles, día 21, la encargada de hacerlo.
Al encuentro de hoy acudieron los interlocutores habituales del diálogo social: los secretarios de Acción Sindical de UGT y CC.OO, Toni Ferrer, y Ramón Górriz, y el secretario general de CEOE, José María Lacasa, entre otros-- con el objetivo de tratar de desatascar unas negociaciones que, según las previsiones iniciales, deberían culminar en un acuerdo de reforma laboral a finales de abril, pero que las partes ya no ven factible hasta mayo o incluso el mes de junio.
El Ejecutivo de Zapatero plantea impulsar el contrato de fomento del empleo igualando el coste de la indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario, en 33 días.
En la actualidad, el contrato de fomento sólo contempla una indemnización de 33 días en el caso de despido improcedente por causas económicas, con lo que la medida propuesta por el Gobierno extendería esta modalidad más barata también a aquellos despidos por causas disciplinarias, que actualmente tienen una indemnización de 45 días.
Además, y en lo que se ha visto como una concesión a las tesis de la CEOE, el Gobierno ha llevado a la mesa la propuesta de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se compone de fondos que abonan los empresarios, asuma "con carácter transitorio y excepcional" parte de los costes de despidos colectivos y objetivos, como ya ocurre para el 40% de las indemnizaciones de las empresas de menos de 25 trabajadores.
NO CONTENTA A NADIE.
Cuando se hizo público el documento de cinco puntos remitido por el Gobierno, los sindicatos ya han mostraron su animadversión a lo que consideran abrir la puerta al abaratamiento del despido, por lo que pidieron al Ejecutivo, en palabras del secretario general de UGT, Cándido Méndez, que "reoriente" su propuesta.
En esta misma línea, el líder de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, cuestionó tales planteamientos por el "tufillo" a reducción de los costes del despido.
Mientras, desde la patronal se ha proyectó una imagen titubeante. El primero en salir a la palestra fue el vicepresidente de la CEOE, Joan Rosell, quien calificó de "buen punto de partida" el documento del Gobierno, lo que se interpretó como la confirmación del 'guiño' de Zapatero a los empresarios.
Sin embargo, el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, que en un principio se alineó con Rosell con un "amén a todo lo dicho", sólo tardó 24 horas en rectificar y cuestionar la reforma del Ejecutivo. "No podemos valorar el documento como positivo, porque es bastante ambiguo y no concreta nada", criticó.
Tanto antes como después de que el Gobierno presentara su nueva propuesta de reforma laboral se especulaba con un rebaja de las cotizaciones sociales, algo que desde el Grupo Socialista se ha empeñado en desmentir: "No hay ninguna propuesta de rebaja de las cotizaciones sociales", reiteró la portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa.
