MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley de UPyD que pretendía que los salarios de los funcionarios públicos subieran en función de la inflación real y no sólo según las previsiones anuales que se utilizan de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales. El Ejecutivo rechaza esta propuesta alegando que tendría un impacto de alrededor de 400 millones de euros en las cuentas públicas del próximo ejercicio.
En el escrito remitido a la Mesa del Congreso, al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno recuerda que el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados le permite impedir la tramitación de estas iniciativa porque implica un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
La formación que lidera Rosa Díez, integrada en el Grupo Mixto del Congreso, había registrado esta iniciativa que pedía reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de compensar la diferencia entre los incrementos derivados de la inflación prevista y la real y la "acusada" pérdida de poder adquisitivo que este colectivo viene acumulando desde 1982.
De esta forma, UPyD quería que, si el IPC acumulado de un ejercicio supera la previsión del Gobierno en función de la que se aplicaron los incrementos salariales de los funcionarios, se les abonara la diferencia en un pago único dentro del primer semestre del año siguiente.
IMPACTO EN LOS PRESUPUESTOS.
En este sentido, el Ejecutivo explica que el incremento salarial previsto en los Presupuestos Generales del Estado es de un 2%, al que se añade otro 1% en concepto de pagas extraordinarias y complementos específicos.
No obstante, recuerda que la inflación real del pasado mes de agosto, mes en que se empieza a cerrar la elaboración de los Presupuestos, se situó en del 4,9%, lo que conllevaría un aumento salarial de los funcionarios de casi dos puntos por encima del 3% comprometido.
En concreto, el Gobierno indica que cada punto que la inflación supere el incremento recogido en la Ley de Presupuestos tendría un coste aproximado de 203 millones de euros, de los que 179 millones corresponderían al Estado y 24 millones a la Seguridad Social.
