MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La enmienda a la totalidad presentada por el BNG contra la reforma laboral del Gobierno propone que las bonificaciones por fomento del empleo se concedan únicamente a empresas cuya plantilla esté compuesta al menos al 50 por ciento por trabajadores indefinidos, así como que se retire el modelo de contrato indefinido para el fomento del empleo incluido en el texto del PP.
La propuesta alternativa de reforma, que acompaña a la enmienda de totalidad y recoge Europa Press, incluye además otras modificaciones que garanticen una mayor estabilidad y más protección de los trabajadores, argumentando que la salida de la crisis no se conseguirá con más liberalización económica y con más austeridad, y criticando que la reforma laboral aprobada "socava las bases de las relaciones laborales", limita derechos de los trabajadores e incluye algunos preceptos anticonstitucionales.
Así, los nacionalistas gallegos proponen derogar el modelo de contrato indefinido de un año para el fomento del empleo aprobado por el Ejecutivo y limita la concesión de bonificaciones a las empresas que tengan al menos a la mitad de sus trabajadores contratados como indefinidos.
TEMPORALES E INDEFINIDOS
Además, fija en dos años (prorrogables seis meses más) el máximo de encadenamiento de contratos por obra y servicio, y limita el tiempo durante el cual los trabajadores o los puestos de trabajo pueden ser temporales. Asimismo, relaciona las indemnizaciones de los contratos temporales con el salario bruto percibido y reforma el abono de indemnizaciones por parte del FOGASA.
Por otra parte, la propuesta del BNG incorpora "más certeza" en la redacción de los despidos objetivos por causas económicas y hace proporcional la prestación por desempleo a la que se tienen derecho cuando se reduce la jornada o se suspende el contrato.
También se incluye la obligatoriedad de aceptar formación para los parados con derecho a prestaciones que procedan de contratos formativos, se limita a la agencia pública la capacidad de colocación, y se mejora la interlocución con comunidades autónomas y sindicatos en diferentes materias laborales.
Finalmente, la enmienda incluye un incremento del 10 por ciento en dos años en las plantillas de la inspección laboral, un aumento de la inversión en el Servicio Público de Empleo y una regulación de las retribuciones e indemnizaciones que pueden percibir los directivos de "ámbitos que afectan ampliamente a la economía", como el financiero, y también de los cargos públicos. Con respecto a los funcionarios, se obliga a su recolocación en caso de reorganización de las plantillas.
