MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. (COMFIA) denunció hoy la deslocalización de "más de 6.000 puestos de trabajo" en España de 'call centers' de las empresas Orange y ONO, que parecen estar preparando el traslado de las firmas subcontratistas que dan el servicio de atención telefónica a sus clientes.
La organización sindical, que ha convocado una protesta simultánea mañana al mediodía en distintas capitales, expresó su deseo de trasladar a las empresas su "preocupación" por ser informados respecto a los planes de estas compañías, "ya que hay suficientes indicios para temerse lo peor, puesto que ya se están produciendo síntomas de este tipo de procesos como son la pérdida ya de algunas de estas campañas y, sobre todo, el envío masivo de profesionales de las empresas en España para formar gente en Latinoamérica".
CC.OO. subraya que los procesos de Orange y ONO serán "idénticos" al de Jazztel, "donde este verano se perdieron cientos de puestos de trabajo debido a la deslocalización de sus centros de atención telefónica a Argentina".
"En nuestro país la concesión de licencias a este tipo de compañías las otorga Industria y estas licencias les obligan a tener centros de atención al cliente, por eso no parece lógico es que el Ministerio conceda licencias públicas a empresas que aprovechan las infraestructuras del Estado español, que generan su negocio gracias al dinero de los consumidores españoles y que ahora pretenden llevarse los puestos de trabajo que genera su actividad empresarial a otros países", recalcó el sindicato.
CC.OO. advierte de que esta concentración no es más que "el pistoletazo de salida" de una campaña que quiere trasladar a la opinión pública "un problema que a la larga puede afectar a los más de 50.000 personas que trabajan en el sector".
Por último, el sindicato defendió la necesidad de realizar una ronda de conversaciones con "todos los agentes implicados en el conflicto, incluidos los organismos públicos que tienen responsabilidad subsidiaria, como son Industria, Trabajo, el Gobierno francés (que posee el 30 por ciento de la empresa propietaria de Orange) y todos aquellos gobiernos autonómicos que ceden suelo público o instalaciones para el desarrollo de la actividad empresarial", con el objetivo de lograr que las operadoras "se replanteen su estrategia".
