MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. avanzó hoy que el año 2009 traerá consigo "soluciones dolorosas" ante la crisis, por lo que pidió al Gobierno que oriente los recursos públicos a la atención de los colectivos más vulnerables y que ponga ciertas "condiciones" cuando los emplee para ayudar a la banca.
En un comunicado para hacer balance del año que acaba, la organización liderada por Fernández Toxo solicitó concretamente que las entidades financieras que reciban ayudas públicas igualen el Euríbor que aplican a los créditos hipotecados con el tipo general del BCE para evitar las "graves pérdidas" que sufren las familias por un alza de estos tipos.
Asimismo, el sindicato indicó que, en esta línea, es preciso "reforzar la red de protección social al desempleo e incentivar las políticas activas de empleo para que las personas paradas vuelvan al mercado de trabajo cuanto antes".
Además, consideró que esta atención a las personas en peor situación es compatible con "la lucha por un nuevo modelo productivo", y con un mayor protagonismo de bienes y servicios de mayor valor añadido, que permitan a futuro un crecimiento económico más estable y una mejor distribución de la renta.
PLANTARLE CARA A LOS ERE'S.
Más en materia, CC.OO. aseguró que permanecerá "vigilante" con los expedientes de regulación de empleo (ERE's) presentados en muchas empresas con el fin de "adelgazar" las plantillas, "despreciando otras salidas de mayor corresponsabilidad social y económica", o para, aprovechando la crisis, "tirar por la calle de en medio". "CC.OO. permanecerá atenta para, si fuera necesario, coordinar la respuesta sindical y salir al paso de la arbitrariedad empresarial", añadió.
Por otro lado, el sindicato reiteró su voluntad de renovar el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC) para 2009, "según los criterios aprobados en acuerdos anteriores", es decir, el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y la igualdad de oportunidades, entre otros.
Por último, en referencia a la salud de la Seguridad Social, la organización apuntó que "la tarea del Gobierno, con la participación activa de los agentes sociales y económicos, debe ser adoptar las medidas necesarias para su viabilidad futura, preservando los derechos de sus beneficiarios".
