MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, han rechazado este martes la propuesta del Gobierno de elevar un 0,5% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2015, al considerar que se trata de una subida "pobre, injusta y no coherente" con la recuperación económica.
En una carta que han remitido este mismo martes a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ambos dirigentes sindicales han expresado su desacuerdo con este incremento de tan sólo tres euros mensuales, hasta los 648,6 euros, una propuesta que, según los sindicatos, no permite recuperar el poder de compra del SMI, que en los últimos cinco años ha perdido 5,4 puntos, y no es coherente con el escenario de recuperación económica que promulga el Gobierno.
CC.OO. y UGT recuerdan también al Ejecutivo que la mejora del SMI contribuye al fortalecimiento de la cohesión social y a la reducción de las desigualdades, y añaden que la crisis económica no puede servir de excusa para no avanzar progresivamente hacia la consecución del objetivo del 60% del salario neto suscrito por España en la Carta Social Europea, lo que en el caso español equivale a un sueldo mínimo por encima de los 900 euros mensuales.
Además, afirman que el SMI español es uno de los más bajos de la UE-15, tanto medido en unidades monetarias como en paridad de poder de compra, dado que sólo se sitúa por encima del de Portugal y Grecia. Según los sindicatos, este hecho no se justifica por diferencias en los niveles de productividad por hora, sino por una remuneración más baja de la hora trabajada.
Por todo ello, CC.OO. y UGT proponen un incremento del SMI del 12,5% en 2015, hasta los 725 euros mensuales, así como un aumento del 10,25% en 2016, hasta alcanzar los 800 euros al mes, una cuantía que permitiría aproximarse a los salarios mínimos existentes en la UE-15 y al 60% del salario medio español.
Además, con el fin de que no se sigan produciendo pérdidas del poder adquisitivo del SMI, ambos sindicatos solicitan en la carta remitida a Báñez la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual de este salario.
