MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU interpelará mañana en el Congreso de los Diputados al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, sobre las medidas de política general que adoptará el Ejecutivo para reducir la siniestralidad laboral, en la sesión de control al Gobierno.
El portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, que preguntará a Caldera sobre este asunto, ya recordó la semana pasada que los datos de la accidentalidad laboral de los últimos 12 meses ratifican a España como el país con más siniestralidad laboral de la UE de 'los Quince'.
Así, recalcó que en 2005 murieron en la UE 4,9 trabajadores por cada 100.000 ocupados, en España el número de fallecidos llegó a 6,6 y que "en los 12 últimos meses la mortalidad se redujo levemente, pero la diferencia continua, especialmente en la población extranjera, donde el índice de siniestralidad se sitúa dos puntos por encima (8,6)".
El diputado detalló que en el último año, "el total de accidentes de trabajo se han incrementado un 1,48% hasta 927.853 accidentes y que un 27% de los accidentes totales del último año se han producido en el sector de la construcción (un 5,5% más en un año), aunque es el sector servicios, con 43% del total, el que tiene un mayor número de accidentes laborales".
En este marco, ve "preciso adoptar medidas que permitan converger con la UE". Campuzano añadió que el incumplimiento de las normas, la elevada temporalidad del mercado laboral, la escasa formación y la falta de medios de control (en España hay un inspector de trabajo por cada 23.300 ocupados, la mitad de la cifra de la UE-15) son algunos de los aspectos que deben ser analizados para permitir adoptar medidas más eficaces para prevenir la elevada siniestralidad actual.
A su juicio, "hace falta una política de incentivos que ayude a un cambio de mentalidad hacia la responsabilidad compartida de empresarios y trabajadores más que una política que ponga el acento en el cumplimiento de determinados trámites formales o el endurecimiento del régimen de sanciones". Por último, consideró que es "necesario reconocer y adaptar las leyes a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas".
