MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves las reformas laborales alternativas a la del Gobierno que han presentado el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Esquerra (ERC) y el BNG.
La primera reforma estructural del Gobierno --que convalidó con el apoyo de CiU, UPN y FAC-- es también la que mayores críticas ha despertado en buena parte de la oposición, que reprocha al Gobierno haber acabado con 30 años de negociación colectiva y haber desequilibrado las relaciones laborales en favor de los empresarios.
Y es que las principales medidas de esta norma pasan por el contrato indefinido de fomento del empleo con bonificaciones para ciertas contrataciones, la reducción de las indemnizaciones improcedentes, la aclaración de las causas objetivas de despido o la ampliación de la flexibilidad en las condiciones laborales.
La reforma acaba además con la ultraactividad de los convenios, facilita el 'descuelgue' para que empresarios y trabajadores puedan negociar sus condiciones en situaciones de dificultad, garantiza el derecho a la formación, modifica los contratos a tiempo parcial, crea por primera vez los contratos de teletrabajo, modifica el papel de las ETT en la colocación y elimina las autorizaciones administrativas de ERE.
Además, estas medidas tampoco cayeron bien en las centrales sindicales, que reprochan al Ejecutivo que no se haya sentado a negociar ni siquiera después de la huelga general y las manifestaciones convocadas por toda España el pasado 29 de marzo.
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
Por ello, hasta cinco partidos han presentado enmiendas de totalidad que, al tratarse de una norma derivada de un decreto ley, van acompañadas de una propuesta alternativa de reforma.
Así, el PSOE propone crear un Fondo para el Fomento del Empleo que partiría de una base de mil millones de euros aportados por los Presupuestos Generales del Estado y que podría multiplicarse por ocho mediante las aportaciones de las empresas que hagan EREs y también con fondos que se capten en el mercado. Todo ese dinero serviría para conceder crédito a las pymes por cada nuevo contrato indefinido y en mejores condiciones que las que encuentran en el mercado financiero.
Por su parte, la Izquierda Plural plantea su alternativa en torno a diez puntos, entre los cuales destacan su intención de recuperar el carácter "negociado y pactado" de las flexibilidad en el seno de la empresa, evitar la desregulación de las condiciones de trabajo, acotar las materias que pueden ser objeto de modificación sustancial de forma unilateral por parte del empresario y recuperar el procedimiento de autorización administrativa previa.
Ambos grupos han anunciado que, de no conseguir introducir ningún cambio en el texto normativo, acudirán al Tribunal Constitucional, si bien IU-ICV-CHA deberá hacerlo a través del Defensor del Pueblo al no contar con los 50 diputados preceptivos para recurrir a este órgano judicial.
CONTRATO ÚNICO
Por su parte, UPyD centra su alternativa en la creación de un contrato único con indemnizaciones progresivas en función de los años de trabajo en la empresa, racionalizar el sistema de bonificaciones, precisar aún más las causas de despido objetivo y reformar el sistema de formación de los trabajadores.
El BNG aboga por que las bonificaciones por fomento del empleo se concedan únicamente a empresas cuya plantilla esté compuesta al menos al 50 por ciento por trabajadores indefinidos y limitar el encadenamiento de contratos temporales; mientras que ERC propone la creación de un contrato para la transición juvenil y otro indefinido de apoyo a la creación de empleo estable que son más garantistas con los derechos de los trabajadores que los propuestos por el Gobierno.
TRAMITACIÓN
Tras el debate de totalidad de este jueves, los grupos parlamentarios dispondrán de plazo para presentar enmiendas parciales hasta el día 16 de abril, si bien esto no será un obstáculo para mantener el calendario de tramitación que busca el PP, que tiene el objetivo de aprobar el texto a mediados de mayo en la Cámara baja para poder remitirlo entonces al Senado y que entre en vigor de forma definitiva antes de junio.
Así, la previsión es que las enmiendas que presenten los grupos se discutan en comisión en las próximas semanas para que el dictamen se eleve al Pleno del Congreso el 17 de mayo.
Este apretado calendario, condicionado al de los Presupuestos Generales, que tienen prioridad en la Cámara Baja, impedirá la comparecencia de los agentes sociales en la Cámara baja para dar su punto de vista sobre la reforma y los cambios que deberían introducirse. Una petición del PSOE que ya ha sido rechazada dos veces por el PP y que se volverá a debatir por última vez en la Comisión de Empleo a finales de abril.
