MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana y el BNG presentaron hoy en el Congreso sendas enmiendas de totalidad contra el proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público pidiendo la devolución del texto al Gobierno principalmente por considerar que invade competencias de la Generalitat de Cataluña, en el caso de ERC, y de los sindicatos gallegos, según el BNG.
En concreto, los republicanos catalanes aseguran que, si bien el proyecto de ley "supone un notable avance" en materia laboral para los funcionarios, no pueden permitir "la invasión competencial" que, a su juicio, afecta "a la Generalitat de Cataluña".
Por su parte, el BNG ha presentado una enmienda de totalidad más extensa en la que justifican su decisión, en primer lugar, porque la organización sindical más representativa en Galicia , la CIG, "no fue llamada a negociar ni tuvo conocimiento oficial de la elaboración del anteproyecto".
Para el partido nacionalista gallego, este hecho supone un "escaso respeto por la pluralidad sindical y un nulo interés por consensuar este la ley con los sindicatos de las comunidades autónomas". Asimismo, destaca en la ley la "ausencia de una defensa de potenciación de los servicios públicos, como parte fundamental de la articulación social del Estado", una cuestión que en su opinión, "se debería contemplar de manera transversal".
A su juicio, no se debe "obviar las diversas realidades que se derivan del carácter plurinacional del Estado". Además, resalta que el proyecto "no trata suficientemente la posibilidad competencial de desarrollo de estatutos sectoriales y territoriales".
EL BNG TAMPOCO VE AVANCES RETRIBUTIVOS
El BNG tampoco comparte el sistema retributivo de empleados públicos en el texto, ya que, según dice, se trata de un puesto con "un sistema atomizado con demasiados conceptos retributivos y cuyas condiciones respecto a sueldo y trienios, puede dar lugar a situaciones arbitrarias e injustas".
Además de estos motivos "principales" para justificar la enmienda de devolución al proyecto por parte de los nacionalistas gallegos, se añaden otras como el hecho de que el texto "no contemple avances en el aspecto salarial para los funcionarios, ni la jubilación anticipada para todos los empleados públicos o la jubilación obligatoria a los 65 años".
Por último, el BNG se queja de que el proyecto no incluye el derecho a formación en la jornada laboral ni el deber de formar empleados públicos en el conocimiento de la lengua propia de cada comunidad autónoma (catalán, vasco y gallego).
