MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado en el Congreso un texto alternativo a la reforma laboral del Gobierno en el que se incluye la creación de un contrato para la transición juvenil y otro indefinido de apoyo a la creación de empleo estable que son más garantistas con los derechos de los trabajadores que los propuestos por el Gobierno en su texto de modificación normativa.
Según la enmienda de totalidad, que recoge Europa Press, el nuevo contrato para la transición juvenil estaría destinado a personas de entre 16 y 21 años sin titulación o certificado profesional para tener contrato en prácticas, o hasta 24 años si se trata de parados que se incorporen a las escuelas taller y casas de oficios. En el caso de parados que se adscriban a talleres de empleo o discapacitados no habría límite de edad para su aplicación.
Este contrato tendría una duración mínima de seis meses y máxima de dos años e incluiría como requisito previo haber recibido orientación laboral en los servicios públicos de empleo, así como incluir tiempo de formación teórica, nunca inferior al 20 por ciento de la jornada máxima. La retribución asociada a este contrato no podría ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional --proporcional al tiempo de trabajo-- durante el primer año, y se adquirirían todos los derechos con la Seguridad Social.
CONTRATO INDEFINIDO
Con respecto a la otra modalidad de contrato que propone ERC, se podría utilizar en las empresas de hasta 25 trabajadores, excepto las que hubieran realizado extinción de puestos de trabajo por causas objetivas en los doce meses anteriores y las que hubieran realizado despidos colectivos o despidos improcedentes, con indemnización de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades.
Además, incluiría ciertos beneficios fiscales para las empresas que contraten a menores de 30 años o parados y también bonificaciones por contrato de jóvenes, de mayores de 45 años y de mujeres, sin tener que renunciar por ello a otras ayudas públicas. El empresario que se acoja a este tipo de contratación se comprometería a mantener al trabajador contratado al menos tres años y, de incumplir esta condición, se vería obligado a devolver las bonificaciones y ayudas de las que se hubiera beneficiado.
En relación con otro tipo de contratos, ERC pide que los parciales no puedan realizar horas extraordinarias, que el teletrabajo se rija por los principios de "voluntariedad, responsabilidad, compromiso mutuo, reversibilidad, no consolidación y mantenimiento de las condiciones básicas" y que el eventual pase a ser fijo cuando trabaje más de 24 meses en un plazo de 30 meses para la misma empresa o grupo de empresas, independientemente del puesto que ocupe.
FLEXIBILIDAD INTERNA Y NEGOCIACIÓN
En materia de flexibilidad interna, otro de los puntos de fricción de la oposición con la reforma del Gobierno, ERC pide que se respete siempre la negociación colectiva y los acuerdos individuales y, en general, recupera el papel de los sindicatos para la fijación de condiciones laborales diferentes a las estipuladas en el Estatuto General de los Trabajadores, así como para la negociación de despidos, modificación de condiciones o extinción de puestos de trabajo.
Además, sugiere limitar las causas para la movilidad funcional dentro de la empresa o para la movilidad geográfica a razones técnicas, económicas, organizativas o de producción, en los casos en que sirvan para "prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda".
En ambos supuestos, el trabajador podría elegir entre acogerse a dicha movilidad o rescindir su contrato, en cuyo caso tendría derecho a una indemnización de 20 días por año trabajador.
DESPIDOS COLECTIVOS
La enmienda de ERC recupera la tutela judicial para suspensión de contratos, despidos colectivos (que volverían a requerir de autorización) y reducciones de jornada; y también la ultraactividad de los convenios hasta un máximo de dos años cuando no haya acuerdo o mientras no se dicte laudo arbitral. Además, recoge explícitamente que esta materia será controlada por "los organismos autonómicos designados".
En materia de despidos colectivos, se obliga a la empresa a presentar un plan de viabilidad para justificar la necesidad de la medida, explicar cómo se recuperará el volumen de actividad a través de la reducción de puestos de trabajo y demostrar que otras fórmulas de flexibilidad no habrían permitido alcanzar el mismo objetivo. Mientras, en las administraciones públicas se requiere acogerse a Planes de Ordenación de Recursos Humanos acordados con las centrales sindicales.
Las indemnizaciones por despido improcedente quedarían en 45 días hasta un máximo de 42 mensualidades o una "cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarare la improcedencia o hasta que se hubiera encontrado otro empleo". Asimismo, se debería mantener el alta del trabajador en la Seguridad Social durante todo ese tiempo. El despido por absentismo se limitaría a ausencias justificadas pero intermitentes del 20 por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos en un año.
También se recupera la posibilidad de juntar las horas de lactancia, se recoge la intención de apoyar con más medios al Sistema Nacional de Empleo sin perjuicio de la función de las ETT, y se reconoce el derecho a la formación incluyendo la 'cuenta de formación' que propone el Gobierno.
Según argumenta ERC en su exposición de motivos, la reforma laboral del Gobierno supone "la alteración del sistema de relaciones laborales" y "apuesta por la precariedad", desmantelando de facto el sistema de negociación colectiva. "La crisis que acecha al empleo no subyace en su regulación laboral ni en los derechos, subyace en problemas estructurales de nuestra economía", añade, recordando que las economías más competitivas son las que tienen "sistemas más garantistas y mejores salarios" y que la propuesta por el Ejecutivo "nos acercaría a modelos sociales de esclavitud".
