Aunque persisten las divisiones internas en el seno de los grupos todos admiten que conviene aprobar el texto
ESTRASBURGO (FRANCIA), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo (PE) se pronunciará mañana por primera vez sobre la polémica directiva que persigue facilitar a los profesionales la prestación de servicios en cualquier país de la Unión Europea (UE) y votará un alambicado texto con más de 400 enmiendas que modifican el borrador presentado en enero de 2004 por el anterior comisario de mercado interior, el liberal holandés Fritz Bolkestein.
Aunque los dos grandes grupos de la Eurocámara (PPE y PSE) han pactado un texto de compromiso que elimina los aspectos más controvertidos de la directiva, como el que permitía a las empresas aplicar en el país donde ejercen la actividad la legislación laboral del Estado miembro donde tienen su sede, el resultado del voto sigue siendo una incógnita.
De hecho, en las reuniones que mantuvieron ayer por la noche los grupos parlamentarios para fijar la posición de cara al voto de mañana, persistieron las divisiones internas, pese a que ningún jefe de filas lo admite abiertamente. En el caso de los conservadores, el motivo de la discordia se debe a las discrepancias sobre la posibilidad que se da a los Estados de restringir la libertad de servicios por razones de "orden público, seguridad pública, protección del medio ambiente y salud pública". Inicialmente, se incluían también razones de "política social y protección a los consumidores", pero populares y socialistas acordaron finalmente excluirlas.
Los eurodiputados de los países del Este, los nórdicos, británicos y españoles están en contra de mantener esas prerrogativas mientras que, en el lado socialista buena parte del grupo, capitaneados por Francia, estaría en contra del compromiso porque no va todo lo lejos que desearían en materia de protección social. Francia, junto a Bélgica y Alemania, fueron los países que vivieron una mayor contestación a la directiva Bolkestein y el 'no' cosechado por la Constitución Europea en Francia le debe mucho a esta normativa.
Los socialistas españoles mostraron hoy su confianza en lograr un "resultado claro" y, según defendió en el debate el eurodiputado Manuel Medina, se abre la posibilidad de "avanzar en el camino de la liberalización de servicios manteniendo al tiempo un nivel alto de protección, sobre todo en materia social y ambiental".
Los liberales, que desearían mantener el 'principio de país de origen', admiten que tienen un "problema" con el llamado texto de compromiso y proponen votar separadamente el artículo relativo a las razones que pueden esgrimir los Estados para limitar la prestación de servicios.
El presidente del grupo, Graham Watson, se confesó "optimista" sobre las posibilidades de eliminar ese párrafo y aseguró que su grupo está "predispuesto" a buscar un compromiso con el resto de la Cámara y a sacar el texto adelante, pero no a votar "un texto a toda costa". En realidad esperan arrancar más concesiones a los socialistas. Dentro su propias filas Watson admitió que también hay división, porque franceses e italianos ven el texto muy escorado hacia las posiciones más liberales.
LOS VERDES Y LA IZQUIERDA, EN CONTRA
En cuanto a los Verdes, ya han dejado claro que la directiva les parece poco clara desde el punto de vista jurídico y anunció su voto en contra, igual que la Izquierda Unitaria, porque considera que la directiva sigue perjudicando a los trabajadores y "da lugar a todo tipo de interpretaciones".
Donde convergen todas las posiciones es en la necesidad de sacar adelante una propuesta que logre la unanimidad del Parlamento y pueda seguir luego su trámite en el Consejo, donde la normativa se puede encontrar con nuevos obstáculos antes de ver la luz.
Después deberá volver a Estrasburgo para su ratificación definitiva. La Comisión Europea ya garantizó ayer durante el debate celebrado en el pleno que tendrá en cuenta el sentido del voto de la Eurocámara para hacer las modificaciones oportunas antes de finales de abril.
Además de sacar a relucir las divisiones tradicionales entre liberales y proteccionistas, la directiva de servicios enfrenta a los nuevos con los antiguos Estados miembros, que esgrimen el temor a la pérdida de derechos sociales adquiridos para limitar el acceso de los países de la ampliación a sus mercados.
