MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pide en sus enmiendas parciales a la reforma laboral generalizar el uso del contrato indefinido con algunas excepciones y suprimir la modalidad de contrato de fomento del empleo que el Gobierno ha incluido como novedad en su modificación legislativa, así como recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente.
El grupo ha presentado en el Congreso 75 enmiendas a la reforma, que recoge Europa Press y entre las que destaca su petición de que "el contrato de trabajo sea por tiempo indefinido con la excepción" de circunstancias especiales de mercado --en cuyo caso habría un límite de seis meses-- o en los contratos de obra y servicio --máximo de dos años--.
Así, cuando se superen esos límites, los trabajadores adquirirán la condición de fijo, al igual que quienes hayan sido objeto de un fraude de ley o los trabajadores por los que la empresa no haya cotizado a la Seguridad Social. También quienes sumen 24 meses de cada 30 trabajando para la misma empresa o grupo (aunque sean diferentes contratos y puestos de trabajo) adquirirá la condición de fijo.
"Hay que combatir la temporalidad de larga duración estableciendo límites temporales máximos en caso de sucesión de contratos de duración determinada", reclama IU-ICV-CHA, que a su vez exige la retirada del contrato de fomento del empleo porque, a su juicio, sólo sirve para que los empresarios puedan echar a los trabajadores al cabo de un año sin tener que pagar nada por ello.
PARCIALES Y DE FORMACIÓN
Las enmiendas de la Izquierda Plural incluyen asimismo varias modificaciones de las condiciones del contrato a tiempo parcial para hacerlo "más atractivo" y "con mayores garantías". Lo mismo sucede con los fijos discontinuos, a quienes se les intenta dar la máxima estabilidad y continuidad.
Por otra parte, se distingue entre los contratos de formación profesional y los formativos para quien cuenta con algún título, proponiendo límites de edad diferentes para poder acceder a ellos con respecto a los incluidos en la reforma y con el objetivo de "asegurar su naturaleza formativa" para que los becarios no se conviertan en trabajadores con bajas remuneraciones y sin derechos. En este sentido, se propone incrementar del 60 al 80 por ciento el salario del convenio en el primer año y al 90 por ciento en el segundo año de contratación.
FLEXIBILIDAD LABORAL
En cuanto a la flexibilidad laboral, la coalición reclama recuperar la necesidad de alcanzar acuerdos con los sindicatos para modificar las condiciones básicas de trabajo, así como que los empresarios tengan que justificar estos cambios en "necesidades perentorias o imprevisibles" y respetando siempre la proporcionalidad de las medidas.
"Es necesario una clara definición de las causas que justifican su adopción, impidiendo cualquier resquicio a la arbitrariedad empresarial", argumentan, defendiendo así que la autoridad laboral y los tribunales sigan ejerciendo la tutela efectiva y exceptuando la negociación salarial que, a su juicio, "no puede ser objeto de modificación unilateral por el empresario pues implica atribuirle a una de las partes la determinación de un elemento esencial del contrato".
En este sentido, IU-ICV-CHA también exige que se mantenga la ultraactividad de los convenios colectivos y que se estipule un plazo para denunciarlos que permita contar con tiempo suficiente para negociar nuevos acuerdos antes de que expiren los que están en vigor.
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
Por otra parte, la Izquierda Plural pide también "preservar el papel de la autoridad laboral" en la resolución de conflictos y en la autorización administrativa previa de los expedientes de regulación, que debería partir de la base de que "el despido contribuya a superar una situación económica negativa" que derive de la explotación de actividad económica, afecte a la viabilidad de la empresa y se justifique con la contabilidad oficial.
También se propone que la empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de 50 trabajadores deba ofrecerles un plan de recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas para un periodo mínimo de 6 meses, incluyendo medidas de formación y orientación profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo.
En cuanto a los despidos improcedentes, se recuperan los 45 días de indemnización y se exige que cualquier modalidad de contratación excepto los interinos y los formativos tengan derecho a indemnización.
SECTOR PÚBLICO
La Izquierda Plural exige además en sus enmiendas la retirada de la disposición que limita al despido las opciones de las administraciones públicas ante situaciones de insuficiencia presupuestaria sobrevenida. Sobre este asunto, propone que se puedan aplicar otras medidas de flexibilidad como suspensiones de contratos o reducciones de jornada.
Por último, la Izquierda Plural incluye algunas medidas para fomentar la contratación de mujeres y discapacitados, así como para que se respeten las competencias autonómicas en políticas activas y de colocación. En este sentido, una de las enmiendas propone prohibir la existencia de agencias de colocación con fines lucrativos.
