Caldera dice que acatará la decisión del Parlamento e insta a los empresarios a aprovechar el plan de bonificaciones a la conversión
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
La mayor parte de los grupos parlamentarios pedirán la tramitación como proyecto de ley de la reforma laboral cuando la norma llegue al Congreso para su convalidación. En concreto, realizarán esta petición PP, CiU, Grupo Mixto, PNV y ERC, mientras que IU-ICV aún no ha tomado una decisión al respecto.
Así lo anunciaron esta tarde los portavoces de estos grupos aprovechando que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, comparecía, a petición propia, en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja para explicar el contenido de la reforma laboral, que calificó de "ambiciosa, coherente y realista".
La posible tramitación de la reforma como proyecto de ley choca con los planes del ministro de Trabajo, que hoy volvió a reclamar a las fuerzas políticas que respeten el decreto-ley de la reforma laboral cuando éste llegue al Parlamento.
"Acataré lo que ustedes decidan, pero convendría respetar el contenido del acuerdo. Es lo que me gustaría", manifestó Caldera, que recordó a los grupos políticos que si quieren añadir algo a la reforma siempre pueden hacerlo a través de otros vehículos legislativos.
CALDERA LANZA UN MENSAJE A LOS EMPRESARIOS.
Durante su intervención, el ministro de Trabajo repasó los grandes ejes de la reforma laboral que, con más de 30 medidas, entrará previsiblemente en vigor el próximo 1 de julio. Caldera quiso lanzar en esta comparecencia un mensaje muy claro a los empresarios: o aprovechan el plan extraordinario de bonificaciones a la conversión de temporales a indefinidos que funcionará hasta finales de este año o a partir de 2007 ya no podrán disfrutar de estas ayudas, pues la reforma las elimina.
"Hago un llamamiento a la sociedad española y a sus empresarios para que aprovechen esta oportunidad. Éste es el momento de convertir contratos temporales a indefinidos, porque no habrá más periodos excepcionales de ayudas a la conversión", avisó.
Tras la exposición de Caldera, el PP tomó la palabra. Su portavoz, José Eugenio Azpiroz, manifestó su deseo de que esta norma, positiva pero "insuficiente", permita reducir la temporalidad, aunque recordó que buena parte de ésta se concentra en el sector público.
En este sentido, lamentó que la reforma no haya venido acompañada de un plan específico de actuación contra la temporalidad en las administraciones públicas, y anunció al respecto que su Grupo promoverá una iniciativa legal dentro de la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso dirigida a este objetivo.
"DÉFICIT DE REPRESENTATIVIDAD".
Los partidos nacionalistas centraron sus críticas en el "déficit de representatividad territorial" con el que, a su juicio, se presenta esta reforma. Así, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barcos, dudó de la efectividad de la reforma en Navarra, teniendo en cuenta que casi la mitad de la representación sindical de esta comunidad no corresponde a CC.OO. y UGT, los dos sindicatos con los que se ha negociado el acuerdo.
Barcos no fue la única en hacer notar este aspecto. También lo hizo el diputado del PNV, Emilio Olabarría, que destacó que ELA cumple todos los requerimientos legales para participar en una negociación de estas características.
En su turno de réplica, Caldera respondió que CC.OO. y UGT representan al 76% de los trabajadores, aunque en algunas comunidades autónomas no ostenten la mayoría. En cualquier caso, destacó que se trata de una reforma de carácter estatal y que, por tanto, tenía que negociarse en el marco establecido.
Desde IU, la diputada Carme García destacó que el acuerdo podría haber sido "mucho mejor", pues, a pesar de que tiene "puntos fuertes", presenta también algunas "debilidades", lo que le hace "insuficiente" para impulsar el fortalecimiento del sistema productivo.
Por parte de CiU, Carles Campuzano lamentó que la reforma laboral no haya generalizado el contrato de fomento del empleo estable (de indemnización más barata que el indefinido ordinario), mientras que en diputado de ERC Joan Tardà destacó como una "obligación democrática" la necesidad de que el Parlamento se pronuncie sobre la reforma laboral, logrando su tramitación como proyecto de ley.
