MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha dirigido una pregunta por escrito al Instituto de Crédito Oficial (ICO), adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, interesándose por la prórroga del crédito que dicho organismo concedió al sindicato UGT como consecuencia de la crisis de la cooperativa de viviendas PSV, perteneciente a dicho sindicato.
En concreto, el diputado 'popular' Vicente Martínez Pujalte quiere saber "cuáles son las condiciones en las que se ha prorrogado el crédito del ICO al sindicato UGT que se contrajo a raíz de la pérdida patrimonial consecuencia de la quiebra de la cooperativa PSV".
Por otra parte, el mismo diputado también ha solicitado al Gobierno toda la documentación relativa a expedientes que hagan referencia al patrimonio histórico sindical desde 1977 hasta la actualidad, según consta en varios escritos parlamentarios a los que ha tenido acceso Europa Press.
Martínez Pujalte presentó el pasado 1 de diciembre dos peticiones de la mencionada documentación tanto al Ministerio de Economía y Hacienda como al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Ejecutivo tiene aproximadamente un mes para remitir la información solicitada.
El PP ha registrado esta petición después de que el Congreso convalidara el pasado 24 de noviembre un Decreto Ley que devolvía a los sindicatos UGT y CGT los bienes incautados durante la Guerra Civil y la posguerra por un valor superior a los 150 millones de euros. La votación contó con el rechazo del PP y de IU-ICV, mientras que PNV, CC-NC y Nafarroa Bai se abstuvieron.
El propio Pujalte denunció en el debate que el Decreto Ley "nada tiene que ver" con los argumentos expuestos por Caldera porque "bajo la apariencia" de la devolución de un patrimonio histórico "se permite la condonación de un crédito que un determinado sindicato tiene con el ICO", como consecuencia de "un tremendo error que acabó con la crisis de la 'PSV' --la antigua cooperativa de viviendas de UGT-- y provocó que 12.000 trabajadores perdieran sus ahorros".
En el mismo sentido, aseguró que el Decreto Ley "no sirve a fines generales sino a intereses particulares" y que sólo busca "arreglar el problema de un determinado sindicato mediante "un manejo opaco y adulterado del dinero de los contribuyentes".
