MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El preacuerdo sobre negociación colectiva alcanzado por patronal y sindicatos "deja bastante sin fundamento" la próxima reforma laboral del Gobierno y supone una reivindicación del diálogo autónomo entre las partes como vía para adaptar el mercado de trabajo, según el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano.
En su opinión, los puntos de encuentro alcanzados en materias como flexibilidad interna o inaplicación son "fórmulas ciertas" para las que "no hace falta una norma" una vez se firme definitivamente el acuerdo, lo que ocurrirá previsiblemente a finales de esta semana.
Además, los mecanismos contemplados para que las empresas puedan adaptarse mejor a las circunstancias económicas deberían hacer que sólo se recurra al despido en caso de que la empresa sea inviable, con lo que "el coste del despido tendrá menos relevancia".
Desde el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo se señala que este acuerdo parte de la visión compartida por empresarios y sindicatos de que la situación económica es "crítica" y de que es preciso generar empleo a corto plazo logrando una mayor competitividad en materia de precios respecto a la UE y una mejora del potencial productivo de las empresas.
Para ello, el preacuerdo busca de un lado mayor moderación salarial y de otro la reinversión de los excedentes empresariales, lo que para CC.OO supone un reparto de "sacrificios" al servicio de los intereses comunes.
En el caso de los salarios, el preacuerdo establece un incremento salarial que "no debería exceder" el 0,5%. Ademas, si el IPC del mes de diciembre es superior al objetivo de inflación del BCE (2%) --en el caso de que el IPC español fuera superior a la tasa del IPC armonizado de la zona euro en el mismo mes, se tomaría esta referencia-- la subida salarial incorporará ese exceso en una sola paga, que podrá consolidarse en el salario o no según lo que acuerden las partes.
Por otro lado, si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo los carburantes y combustibles.
En cuanto al año 2013, el aumento salarial máximo será del 0,6%, con el mismo mecanismo de actualización que en 2012, mientras que en 2014 el aumento de los salarios pactados se vinculará a la marcha de la economía en 2013.
Así, si el PIB crece menos del 1% en 2013, el aumento salarial tendrá también el tope del 0,6%; si la economía crece entre un 1% y un 2%, el aumento salarial no excederá el 1%; y si el PIB logra repuntar un 2% o más, los salarios no se revalorizarán más del 1,5%.
Por otro lado, el preacuerdo establece un componente variable en los salarios basado en la evolución de indicadores ligados a la marcha de la empresa como beneficios, ventas o productividad.
En el caso de 2014, en el que se espera ya una salida de la crisis, los incrementos salariales pactados (la parte fija) se incrementarán en un 50% del resultado una vez aplicadas también la cláusula de revisión. En el caso de que este componente variable no se aplicara, el incremento salarial inicial se duplicaría.
LOS EMPRESARIOS DEBEN CUMPLIR LO PACTADO.
Ésta es la fórmula para garantizar la moderación salarial. De hecho, la filosofía del preacuerdo es que no haga falta poner en funcionamiento las cláusulas para recuperar parte del poder adquisitivo si el IPC supera el 2%, ya que el objetivo es que los precios se moderen por debajo de esa cifra para ganar competitividad. Además, fijados los máximos de revalorización de los salarios, cuanto más baje la inflación menos poder adquisitivo perderán los trabajadores.
Desde CC.OO se admite que el acuerdo supone una "pérdida real" de poder adquisitivo, lo que no impide que sea "equilibrado", en tanto que también existe un compromiso para reinvertir los excedentes empresariales y para controlar las remuneraciones de directivos, así como una llamada al Gobierno para que vigilar los precios regulados.
En todo caso, Lezcano indica que los topes máximos a la evolución de los salarios dan "un plus de autoridad moral" para exigir su parte a los empresarios.
