El organismo denuncia la "falta de transparencia" en la venta de inmuebles de la Seguridad Social
MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas denuncia que las "numerosas deficiencias" que ha detectado en la planificación de las obras y en la elaboración de los proyectos por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), así como en la supervisión, planificación y control de su ejecución, han resultado perjudiciales para los intereses públicos.
Esta es una de las conclusiones de su 'Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social' al que tuvo acceso Europa Press, y que presentará mañana en el Congreso el presidente del organismo, Manuel Núñez. A lo largo de 2005, el INSS adjudicó 449 contratos, por un valor total de 84,6 millones de euros. De ellos, un 23,2% correspondieron a obras, con un importe de 19,9 millones de euros.
Precisamente, el Tribunal destaca la "excesiva frecuencia" con la que se han producido las modificaciones de estos contratos, a través de obras complementarias, ampliaciones del plazo de ejecución y los "significativos incrementos" sobre los precios iniciales, casi siempre en cuantías próximas al 20%.
En este sentido, el máximo organismo fiscalizador denuncia que algunos contratos llegaron a ser adjudicados incluso bajo la presunción de temeridad. Asimismo, menciona "deficiencias" relativas a la acreditación de la solvencia de los licitadores, que podrían haber conducido incluso a la nulidad de las concesiones.
CONTRATOS QUE EXCLUYEN LA REVISIÓN DE PRECIOS.
El INSS tampoco publicó la convocatoria para la adjudicación el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), a pesar de que ello resulta y como resulta obligatorio al exceder los presupuestos de los mismos del límite de 154.014 euros establecido por la legislación.
Por otra parte, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos excluían la aplicación de la revisión de precios, pese a que la duración del contrato a celebrar era superior a 1 año, con lo que los importes a pagar se acomodaban "a las circunstancias del mercado".
No obstante, el Tribunal admite que las irregularidades se han observado en el ejercicio 2005 en un menor número de contratos que en el año 2004, lo que refleja la "mejora en algunos aspectos de la gestión contractual". Aun así, concluye que el INSS no ha alcanzado el "grado de concreción deseable" en relación con el contenido y los métodos de valoración de los criterios objetivos según los principios de "transparencia y de objetividad".
INCUMPLIMIENTOS DE LA TESORERÍA.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha detectado "falta de transparencia" en la fijación de los precios de venta de inmuebles por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a favor de sus arrendatarios, así como el "incumplimiento de requisitos legales" en las operaciones.
En su 'Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social', que también será presentado mañana en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal, éste explica que la mayor parte de las enajenaciones de inmuebles efectuadas por la Tesorería durante ese año afectaron a viviendas y locales que se encontraban arrendados mediante una "encomienda de gestión" a favor de la empresa pública SEGIPSA.
PRECIOS "MUY INFERIORES" A LOS DE MERCADO.
En este sentido, el máximo organismo fiscalizador asegura que, en general, los precios de venta, ajustados a los valores resultantes de la tasación efectuada de esta forma descrita, fueron "muy inferiores" a los precios de mercado si éstos hubiesen sido calculados suponiendo libres de arrendamiento las viviendas o los locales.
En algún caso, este precio llegó a representar únicamente el 29% del valor de mercado, sin que los informes de tasación aportados en el expediente expliciten las circunstancias personales aplicables a cada arrendatario y sin que la Tesorería haya acreditado el cumplimiento de determinados requisitos legales de las enajenaciones de inmuebles, como informes jurídicos previos, o ni siquiera la pertinente autorización ministerial.
