MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) reclama al Ministerio de Empleo que inicie una revisión extraordinaria de los expedientes de cursos de formación para empleados y parados en todas las comunidades autónomas con el objetivo de detectar si se han producido más casos de fraude al margen de los que han salido a la luz en Andalucía y la Comunidad de Madrid, y además exige al Gobierno que tenga un "papel más activo" en los tribunales.
Así se recoge en la moción que la formación magenta ha registrado en el Congreso como resultado de la interpelación a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, celebrada este miércoles, texto que se someterá a votación en el Pleno de la Cámara en la sesión de la semana del 10 al 12 de junio.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, UPyD defiende que es necesario investigar si "los graves casos de fraude" recientemente descubiertos en Madrid y Andalucía "forman parte de un problema más amplio" y, para ello, considera que hace falta una revisión de todos los expedientes de los cursos de formación para el empleo por parte del Ministerio.
Asimismo, urge al Ejecutivo a tener un papel más activo en los tribunales en la persecución de estos casos, "personándose en las causas e instando a la Fiscalía a actuar", así como a exigir la devolución de las cuantías defraudadas para recuperar la mayor parte posible de ese dinero público.
EVITAR QUE VUELVA A OCURRIR
Por otra parte, la moción plantea propuestas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro, comenzando por que la Administración General del Estado establezca mecanismos de control de los fondos nacionales y europeos que se transfieren a las comunidades autónomas para financiar estos cursos.
También considera que prohibir la subcontratación de acciones formativas redundaría a un mayor control del dinero, además de que evitaría otros efectos perniciosos como que se "desvirtúe la selección inicial de beneficiarios de las subvenciones públicas".
En este sentido, la formación que lidera Rosa Díez aboga por que la adjudicación de este dinero público la hagan exclusivamente técnicos de las administraciones, como "garantía de objetividad en el reparto", y reclama que se elimine la distinción existente entre las organizaciones empresariales y sindicales a la hora de acceder a las subvenciones, ya que no tienen que acreditarse para ello, a diferencia de otras entidades.
En la misma línea, cree que deberían ser los Servicios Públicos de Empleo los que decidan qué trabajadores participan en cada acción formativa en función de criterios de colectivos prioritarios y otras variables que se puedan tener en cuenta, mientras que los parados sí deberían contar con cierta "capacidad de elección que, a día de hoy, no tienen legalmente reconocida", para priorizar qué áreas prefiere del listado que le proponga la oficina de empleo en función de su perfil profesional y formativo.
EVALUACIÓN EXTERNA
UPyD defiende asimismo la posibilidad de que los parados sustituyan las acciones de formación para el empleo por otras acciones formativas regladas y oficiales del ámbito educativo, manteniendo el derecho a becas y ayudas para desempleados, que deberían reforzarse.
Además, las acciones formativas deberían integrarse en un certificado de profesionalidad, y las competencias adquiridas en cada curso tendrían que ser evaluadas de forma independiente a través de una prueba final en los Centros Públicos de Formación Profesional.
Finalmente, la formación magenta propone mejorar la coordinación de los servicios públicos de empleo, garantizando que los parados puedan participar en actividades de cualquier comunidad autónoma, para lo cual es también fundamental crear "urgentemente" una única web nacional de ofertas de empleo y formación.
Con esta moción, y dos proposiciones no de ley que la formación magenta ya tiene registradas en la Cámara Baja, UPyD se adelanta a la presentación por parte del Gobierno de su reforma de la formación para el empleo, en la que trabajan el Ministerio y los agentes sociales.
