Sólo son 14 sentencias favorables al demandante y la Administración las recurrirá
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los tribunales han resuelto hasta la fecha 305 procedimientos judiciales contra la revalorización de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno en 2012, de los que sólo 14 han finalizado con sentencia favorable al demandante, el 4,5%.
Además, estas sentencias en primera instancia no tienen efectos prácticos, porque la Administración ha procedido a recurrirlas y ahora hay que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia resuelva al respecto.
Del resto de los 305 procedimientos, 35 de ellos acabaron dando la razón a la Administración y el resto finalizaron por desestimiento de los ciudadanos.
Así lo reflejan datos que maneja el Ministerio de Empleo a los que ha tenido acceso Europa Press, que indican, sin embargo, que existe una gran bolsa de hasta 5.995 procedimientos iniciados aún pendientes de resolución.
Todas estas cuestiones están a la espera de fecha de juicio o suspendidas hasta que se conozca la resolución de los recursos de inconstitucionalidad admitidos a trámite que, con sentencia a favor o en contra de la Administración, sentarán jurisprudencia para el resto de las causas abiertas.
Hasta la fecha, los únicos juzgados de los Social que han fallado a favor de los demandantes han sido en número 4 de Guipúzcoa y el número 1 de Burgos.
Por el momento, el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación a la suspensión de la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación del IPC en 2012.
El Tribunal vasco ha remitido esta cuestión al TC al considerar que podría existir una "posible vulneración" de los artículos 9.3 y 86.1 de la Constitución española, relativos a la seguridad jurídica, la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o que restringen los derechos individuales, el principio de legalidad y de publicidad de las leyes, y la obligatoriedad de que los decretos-leyes no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado y a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
Con anterioridad, el pasado 19 de marzo, el Pleno del TC admitió una iniciativa instando a la inconstitucionalidad de esta misma cuestión presentada por el Grupo Socialista, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el PNV.
El Gobierno decidió en noviembre de 2012 que no compensaría a los pensionistas por la desviación de precios de ese año ante la difícil situación económica y la prioridad de seguir avanzando en la reducción del déficit público. Se trataba de un margen del 1,9%, resultante de la diferencia entre la subida aplicada en 2012 (1%) y el IPC interanual de noviembre de ese mismo año (2,9%).
Por este motivo, el Gobierno decidió suspender la compensación en el ejercicio 2012 contemplada en la Ley General de la Seguridad Social. Suspendida la paga compensatoria de aquel año, el Gobierno anunció que las pensiones subirían, con carácter general, un 1% para 2013, salvo las inferiores a 1.000 euros mensuales, que se incrementarían un 2%, con un coste global de unos 1.500 millones de euros.
