MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, el 'popular' Arturo García-Tizón, ha afirmado este miércoles que en España "no hay represión del derecho a la huelga" y ha recordado que en las decisiones que adoptan la Fiscalía o los jueces con respecto a quienes se extralimitan en este derecho y cometen algún delito no tiene nada que ver el Gobierno, por lo que no procede a su entender citar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a comparecer en el Congreso sobre este asunto.
Así lo ha explicado durante el debate en la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no hábiles-- de una petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto para que Gallardón informe sobre la posición del Ejecutivo con respecto a la "represión penal del derecho de huelga".
En este sentido, el 'popular' ha calificado de "asombroso" que se pida "lisa y llanamente" al Gobierno que "interfiera en la labor de los jueces y los tribunales", y ha recordado que el ministro de Justicia "no es el que juzga ni actúa como fiscal" en las acusaciones contra quienes coaccionan a otros para ir a la huelga, y que de hecho "ni siquiera es el que propuso el Código Penal" actual.
LOS DERECHOS TIENEN LÍMITES
Y es que en el artículo 315 de esa normativa, aprobada en 1995, se "protege tanto el derecho a la huelga como el derecho al trabajo" y tiene una "interpretación muy restrictiva" y "aquilatada" con respecto a la normativa anterior, procedente del Franquismo. "No hay represión en España del derecho a la huelga", ha concluido García-Tizón de todos estos argumentos.
Asimismo, ha recordado que ningún derecho es "absoluto e ilimitado" sino que hay que "ponerlos en relación con otros derechos fundamentales como el de la intimidad, la integridad o la libertad". Por ello, incluso aunque se derogara el tercer apartado del artículo 315 del Código Penal "no significaría que el derecho de huelga no tuviera limitaciones en las coacciones".
En cualquier caso, el diputado del PP ha criticado la solicitud de esta comparecencia en una Diputación Permanente, dado que no es un tema urgente y correspondería debatirlo en el periodo ordinario. Y además ha recordado que el propio presidente, Mariano Rajoy, ya manifestó su postura en la sesión de control al Gobierno del pasado 9 de julio. "Y en este tiempo no ha habido ninguna circunstancia que modifique esa postura", ha zanjado.
ÓRDENES A LA FISCALÍA
Sin embargo, el diputado de IU-ICV-CHA por Asturias, Gaspar Llamazares, afirma que la Fiscalía, "de forma generalizada y no al margen del Gobierno, ha pedido la máxima dureza" en los juicios contra los trabajadores "organizados sindicalmente" y que participan en las movilizaciones sociales, lo que ha generado una gran "alarma" social.
"En estos momentos, más de un centenar de trabajadores tienen riesgo de acabar en la cárcel con penas importantes precisamente por haberse significado como piquetes en la huelga general", ha recordado el diputado, criticando que se les esté juzgando en aplicación de un artículo "del Código Penal de la época de Franco" con el único objetivo de "reprimir a los huelguistas".
Tras criticar que el apartado del Código Penal que permite actuar contra los piquetes sea utilizado profusamente mientras que no se recurre nunca al que busca proteger el derecho a la huelga, Llamazares ha calificado de "populismo" el uso "represivo" que el Ejecutivo da al Código Penal, y ha defendido que "ejercer el derecho de huelga o hacer una pintada no puede suponer terminar condenado a tres años de cárcel".
En la misma línea, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha recordado que "la represión nunca es la solución, en ningún campo" y que "cuando la libertad se somete a la seguridad, lo que acaba desapareciendo es la libertad". "En caso de duda, apostar siempre por la libertad", ha recomendado a los 'populares'.
ES UN "DESPROPÓSITO"
Finalmente, el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarubia, ve un "despropósito sin sentido" la interpretación que se hace del artículo 315.3 del Código Penal y el incremento de peticiones de cárcel planteadas por el fiscal en virtud de dicha norma. "Y lo que es más preocupante es la falta de humanidad de algunos jueces a la hora de sentenciar, imponiendo penas privativas de libertad de hasta 4 años y medio cuando el delito tiene unos límites muy difusos entre el ejercicio de un derecho reconocido y un delito", ha añadido.
De hecho, ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido en diversas sentencias la "fuerza expansiva" de los derechos fundamentales frente a "normas limitadoras" como el Código Penal, y ha recordado que en anteriores legislaturas "prácticamente no se dictaron sentencias bajo la cobertura" del mencionado artículo.
"Con la crisis como oportunidad, el PP ha iniciado un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades, sobre todo las que afectan a la manifestación pública del desacuerdo", ha reprochado, justificando así la necesidad de citar a Gallardón para que "garantice el ejercicio del derecho de huelga e interese del Ministerio Fiscal una actuación decidida" en su favor.
