MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP ha negado este martes que se esté produciendo una explotación laboral generalizada, como dice el PSOE, y defiende que el contrato a tiempo parcial ya está bien regulado e impide abusos de los empresarios, negándose así a pedir al Gobierno un Plan contra la Explotación Laboral.
El portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas, ha criticado las palabras del presidente Mariano Rajoy sobre que la crisis ha finalizado, no así sus consecuencias, y también ha cargado contra que la titular de Empleo, Fátima Báñez, "se haya sumado a la fiesta, a este penoso ejercicio electoralista" cuando actualmente hay menos gente trabajando y más parados que al inicio de la legislatura, además de más precariedad y peores empleos.
"Por eso pedimos al Gobierno que muestre un poco de respeto a la gente que sufre en este país. Ya que no ofrece soluciones, que les ahorre sus ofensas", ha espetado Simancas, que culpa a la reforma laboral de 2012 y a los cambios en la normativa de la contratación a tiempo parcial de los más de 10 millones de horas extraordinarias ilegales que se trabajan cada semana en España y de otras prácticas explotadoras que sufren los ciudadanos diariamente.
"LA INSPECCIÓN NO INSPECCIONA"
Además, cree que la Inspección de Trabajo "no inspecciona ni controla ni sanciona" porque se centra en perseguir a los "parados que se atreven a compatibilizar una prestación de miseria con una chapucilla ocasional" en lugar de perseguir a los explotadores.
Por eso, propone un Plan contra la Explotación Laboral que pase por derogar la reforma laboral, aprobar planes específicos para que la Inspección persiga y castigue a los explotadores, modificar la legislación para agravar las penas por explotación, cambiar la normativa de los contratos a tiempo parcial para evitar el fraude de hacer "jornadas más largas que las completas que ni se reconocen ni se pagan", y evitar que los trabajadores a tiempo parcial reciban "subsidios parciales de miseria".
CULPA DE LA REFORMA LABORAL
También el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, cree que "el aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la precariedad laboral" se derivan de las "políticas injustas del PP", empezando por la reforma laboral, y asegura que "el uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial no es un accidente, sino la consecuencia de una opción deliberada del Gobierno para usarlo como elemento central de su estrategia de precarización y reparto insolidario del empleo" para tapar el fracaso de sus medidas de creación de puestos de trabajo.
"La actual regulación del contrato a tiempo parcial incentiva su uso fraudulento por la vía de las horas complementarias. ¿Creen que un trabajador a tiempo parcial y con contrato temporal, cuando el empresario le pide ampliar la jornada, puede tomar una decisión voluntaria? Hay una profunda desigualdad, un desequilibrio en las relaciones laborales", ha recordado.
Álvaro Anchuelo, portavoz económico de UPyD, cree que el problema de las horas extraordinarias ilegales radica tanto en la "falta de horarios racionales", contra los que "nadie hace nada", como en la reforma laboral, que "agudiza" el problema por la "dualidad" de la contratación y la "desvirtuación" de los contratos a tiempo parcial mediante las horas extra permitidas para "camuflar" contratos a tiempo completo.
Así, a su juicio hacen falta "más recursos para a Inspección y una reasignación de prioridades" en sus planes de actuación. No obstante, cree que la solución definitiva pasa por modificar la legislación laboral que ha llevado "al extremo" la "precarización" y que iniciaron gobiernos socialistas, mediante el contrato único indefinido.
"DEBERÍA AVERGONZARNOS A TODOS"
El portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, ha reconocido su "preocupación" por este problema, ante el que "la Inspección de Trabajo tiene que actuar de forma más decidida". "Pedimos muchas cosas a la Inspección, no sería malo pedir también más inspectores", ha añadido, culpando de esta situación a la "muy mala" reforma laboral de 2012 y defendiendo la "prohibición o limitación de las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial", permitiéndolas únicamente en "casos excepcionales".
Pedro Quevedo (CC-NC) ha espetado a los 'populares' que si con su reforma laboral "estimulaban el despido y beneficiaban al fuerte y castigaban al débil" al final lo que acaba sucediendo es que "hay más despidos y abusos" y una "generalización intolerable de la explotación laboral", cuya manifestación "más dramática" es la existencia de ciudadanos con trabajo pero que aún así son pobres.
Por su parte, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha señalado que "saber que hay trabajadores explotados y que esta Cámara no haga nada debería llenar (a todos los diputados) de vergüenza", y ha recordado que "trabajar horas extra no pagadas, estar contratado a tiempo parcial y trabajar a tiempo completo o permitir salarios de miseria" son diferentes formas de explotación que "ocurren con el beneplácito del Gobierno" y "en aras de la flexibilización".
PLANTEAMIENTOS FALSOS
Sin embargo, la portavoz 'popular' de Empleo, Carmen Álvarez-Arenas, asegura que la propuesta socialista se basa en un "planteamiento falso" con la única intención de "dañar al Gobierno". "Los contratos están perfectamente dentro de la legalidad, es posible el control y seguimiento, y no permiten irregularidades", ha asegurado.
"Su iniciativa es denigrante en su letra y espíritu para los trabajadores y los empresarios. España no es un campo de esclavos, no estamos en la época de Escarlata O'Hara, no hay explotación laboral. España es un estado social y de derecho y los trabajadores, hasta los menos cualificados, saben que están protegidos por el Estatuto de los Trabajadores", ha afirmado, airada.
Además, ha señalado que igual que se ha demostrado falso que la reforma laboral acabara con la tutela judicial, como pronosticaba el PSOE, tampoco es cierto que los cambios en la contratación a tiempo parcial acojan "irregularidades generalizadas", afirmando que la normativa actual establece las cauteles y medidas de transparencia necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores.
Tras defender la labor de los inspectores de Trabajo, Álvarez-Arenas también ha recomendado a Simancas que deje de insinuar casos de explotación o que, si los conoce, acuda a la Inspección o a los tribunales o, al menos, recurra al buzón de denuncias ciudadanas puesto en marcha el pasado verano.
Finalmente, ha advertido al PSOE de que no debe seguir "por el camino de la insidia y el negativismo, de la falta de reconocimiento de las cosas positivas" porque "no conseguirá erosionar al Gobierno sino perjudica los intereses del conjunto de los españoles" en la salida de la crisis.
"Han sido gobierno hasta hace tres años y se les presume la vocación de volver a serlo, pero con iniciativas como ésta se alejan de esa posibilidad. Con esta proposición se vislumbra un retroceso al pasado tan negro como los 3 millones de parados que dejaron o el triste relato de su gestión", ha zanjado.
LA MELANCOLÍA NO ES LA SOLUCIÓN
Finalmente Carles Campuzano, de CiU, ha reconocido que "no todo el empleo que se está creando es de calidad y están apareciendo realidades que hace unos años no se conocían" pero no cree que "tener nostalgia" de la regulación de los años 80 sea la solución, ya que la situación del mercado de trabajo antes de la reforma laboral de 2012 tampoco era "idílica".
"Tener nostalgia del Estatuto de los Trabajadores de 1980 sería un error gravísimo, allí no encontraremos la respuesta a los problemas del mercado de trabajo de hoy", ha insistido, recomendando mejor fijarse en otros países que han conseguido ser más flexibles y, a la vez, invertir en formación para los trabajadores, servicios públicos, empleos de calidad y apoyo a las familias.
