MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Representantes de la Plataforma Sindical, en la que se integran los sindicatos CSI-F, UGT, CC.OO. y USO, y de asociaciones profesionales de empleados públicos ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto antidéficit de julio.
En la reunión, los sindicatos han recibido el compromiso por parte de la Defensora del Pueblo de que "tratará este asunto con cariño y detenimiento", indicó el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., José Campos, en declaraciones a Europa Press.
Campos subrayó que está acción se enmarca dentro de los recursos que los sindicatos y asociaciones están presentando ante unas medidas "que violan artículos de la Constitución y del Estatuto de Empleados públicos".
En el decreto se incluyen, entre otros aspectos, la supresión de la paga de Navidad, la eliminación de días libres o la reducción de retribuciones por incapacidad temporal de estos trabajadores.
Los sindicatos no tienen potestad para presentar por sí mismos un recurso de inconstitucionalidad, pero pueden hacerlo a través de la Defensora del Pueblo si ésta acepta los argumentos jurídicos que se le exponen en el escrito de petición de recurso.
En el argumentario jurídico entregado durante la reunión a la Defensora del Pueblo, la plataforma explica que la norma vulnera el artículo 86.1 de la Constitución porque ni concurren los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad, ni los presupuestos materiales que facultan al Gobierno para usar la figura del Real Decreto Ley.
Entienden, además, que se vulnera el artículo 9.3 de la Carta Magna por la supresión a los empleados públicos de la paga de Navidad y de la paga adicional de complemento específico o equivalente, así como el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical recogidos en los artículos 37.1 y 28.1 de la Constitución.
Además, los sindicatos apelan al artículo 35 de la Constitución sobre la dignidad de la persona, en conexión con el derecho a una remuneración suficiente para atender las necesidades del trabajador y su familia, en cuanto el decreto afecta a una retribución básica como son las pagas extraordinarias.
