MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESSS) -
Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han denunciado este jueves que hay al menos 260 sindicalistas que están siendo objeto de procedimientos sancionadores o penales en los 81 expedientes abiertos contra ellos por ejercer el derecho de huelga.
Asimismo, el secretario general de UGT ha indicado que ésta "no es una cifra definitiva y podría incrementarse, ya que faltan algunos expedientes". Además, ha destacado que hay expedientes abiertos en casi todas las comunidades autónomas (en 13 de 17).
De este modo, durante la presentación del manifiesto en defensa del derecho de huelga y de la libertad sindical, han afirmado que se ha producido un cambio de criterio "inducido" en la interpretación del derecho de huelga y del delito de coacciones desde la huelga general de marzo de 2012.
Así, Méndez ha afirmado que "durante 35 años se ha producido una interpretación correcta, constitucional del derecho de huelga" y ahora se ha producido un desequilibrio "a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores y del derecho a la huelga".
Según indicaron los representantes de las organizaciones, hay expedientes que han concluido con sanciones de carácter administrativo y hay procedimientos abiertos por delitos de coacciones que afectan a 40 trabajadores y representantes sindicales. En estos casos se pide por parte de la Fiscalía penas mínimas de 3 años y un día, lo que lleva como consecuencia el ingreso en prisión de manera "inexorable".
Del mismo modo, Méndez ha recordado que las centrales han remitido una carta al Ministerio de Justicia para alertar de la necesidad de realizar "cambios normativos en el Código Penal para revisar el tratamiento a los conflictos laborales".
UNA OFENSIVA PLANIFICADA.
"Esto es una ofensiva con toda la pinta de ser planificada, aunque no estoy en condiciones de aportar las pruebas que lo demuestren. Parece que tiene una orientación muy clara, se usa un artículo del Código Penal que nunca se había usado en democracia para agravar las peticiones", indicó Toxo.
Asimismo, Toxo ha denunciado que hay "una doble vara de medir que tiene como objetivo impedir el derecho normal a la huelga en España". Así, ha recordado que no hay "ni sanciones económicas, ni propuestas de sanciones penales para los empresarios que vulneran constantemente el derecho al trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores".
Además, ha resaltado la necesidad de establecer un diálogo con el Ministerio de Justicia, "porque hay que impedir que las personas injustamente condenadas por participar en procesos de huelga puedan entrar en prisión los próximos días. Así, ha recordado que las peticiones de la Fiscalía suman 120 años de cárcel y que hay sentencias en firme por 12 años de prisión.
ANUNCIAN MOVILIZACIONES EN JULIO.
Asimismo, los líderes sindicales han anunciado la convocatoria de un acto central el 9 de julio en la madrileña Plaza de Callao para "denunciar la situación actual" y reivindicar el derecho a la huelga, aunque se celebrarán actos en casi todas las capitales de España.
Además, han señalado que esta movilización contará con la presencia del secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y algunos de los sindicalistas que están siendo objetos de procedimientos sancionadores penales o administrativos.
