MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y las comunidades autónomas (CC.AA.) han acordado la distribución de 1.048 millones de euros para políticas activas de empleo, según se ha acordado en la LXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada este miércoles.
En el encuentro, celebrado vía telemática y presidido por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha acordado repartir a las comunidades autónomas el 90% de los fondos públicos, "en un contexto de enorme dificultad", puesto que el Ministerio "no sabe cuánto será capaz de recaudar".
No obstante, el reparto queda condicionado a una valoración final de cómo se cerrará el ejercicio. El Departamento, según ha informado en un comunicado, estará a disposición de celebrar una nueva conferencia sectorial.
La novedad de esta distribución territorial de los fondos es la flexibilidad de los recursos. De hecho, dada la excepcionalidad del coronavirus, se ha acordado que estos recursos tengan una "enorme flexibilidad, atendiendo a cada realidad territorial".
Así, según ha apuntado la ministra de Trabajo de esta forma tendrán más margen de disponibilidad para decidir en qué dirección utilizan los recursos públicos en esta situación excepcional.
La titular Trabajo ha señalado que la conferencia se ha celebrado en unas condiciones "absolutamente excepcionales", aunque ha resaltado que le hubiese gustado que, por ser la primera de ella al cargo del Ministerio, hubiese sido de manera presencial.
"Ha sido muy proactiva, quiero agradecer a los consejeros y
consejeras su disponibilidad y el apoyo a las medidas del Gobierno",
señaló la ministra al término de la misma", ha añadido.
Díaz también ha puesto en valor la colaboración y cooperación en todo el marco del sistema nacional de empleo, que, desde su punto de vista, "es indispensable para la puesta en marcha de todas las medidas que se están llevando a cabo".
Antes del encuentro, Andalucía ha consensuado con otras comunidades una carta que han dirigido al Ministerio de Trabajo para protestar por su decisión "unilateral" de destinar la financiación prevista para la Formación Profesional para el Empleo de las CC.AA. a otras partidas, dentro del real decreto aprobado ayer de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus.
La Consejería andaluza de Empleo ha asegurado a través de un comunicado que "esta medida supone arrebatar cerca de 2.400 millones de euros a todas las comunidades autónomas, de los que en torno a 430 millones de euros corresponden a Andalucía".
Las comunidades se han anticipado así con esta carta a la reunión vía telemática que mantienen este miércoles en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En la Exposición de Motivos del Real-Decreto Ley 11/2020 el Gobierno asegura que "en la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se establece la afectación de la cuota de formación profesional a la financiación del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo, de forma que tales ingresos no podrán aplicarse a finalidades distintas".
