MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno en funciones firmará este jueves un acuerdo con las compañías aseguradoras para la atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y sus familias para los dos próximos años, con un presupuesto de 2.255 millones de euros y un aumento de la prima del 4,5%.
Con el incremento de la prima fija del nuevo concierto que recibirán las compañías aseguradoras, mejora la asistencia a este colectivo e incorpora los nuevos servicios de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, según ha destacado CSIF.
En concreto, el nuevo concierto sanitario afecta a un colectivo de 1,5 millones de personas, incluyendo a funcionarios y sus familias, y el presupuesto asciende a 2.255 millones de euros, con un incremento de la prima (cantidad fija destinada a las compañías) del 4,5% y con una duración de dos años.
Entre las novedades se incluye el pago directamente por parte de la compañía, en los casos de urgencia vital en los que el funcionario utilice medios públicos. Hasta hora, el coste de la atención recaía sobre el mutualista, como por ejemplo en casos de que un funcionario fuera trasladado de urgencia a un hospital público tras sufrir un infarto.
En los municipios de menos de 20.000 habitantes y en las localidades de la denominada 'España vaciada' donde no haya centro de salud de la compañía, ésta tendrá que atenderle en su domicilio en las 48 horas siguientes.
Asimismo, a lo largo de 2020 se implantará la prontonterapia del cáncer, a través de Quirón y la Clínica Universitaria de Navarra, al tiempo que las compañías tendrán que enviar a domicilio los medicamentos de prescripción hospitalaria en el caso de que no se encuentre el mutualista hospitalizado.
Igualmente, Muface pondrá en su página web un comparador de medios entre las compañías del concierto para información de los mutualistas.
CSIF ha exigido al Ejecutivo que demuestre la misma voluntad política para que la subida salarial de los empleados públicos también entre en vigor desde el 1 de enero, teniendo en cuenta la situación de incertidumbre política y presupuestaria.
