Gobierno y sindicatos iniciarán en octubre la negociación para ampliar el permiso de paternidad de los funcionarios

Paternidad
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Publicado: martes, 25 septiembre 2018 12:19

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y los sindicatos de la Función Pública iniciarán en octubre las negociaciones para ampliar el permiso de paternidad de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) hasta las 16 semanas, equiparándolo así al difrutado por las madres, según ha informado este martes CSIF.

El sindicato que preside Miguel Borra ha confirmado que el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública ha ofrecido equiparar ambos permisos en la AGE "como punto de partida para las negociaciones que, de manera inminente, comenzarán en octubre".

CSIF ha recordado que el pasado verano se alcanzó un acuerdo con la Junta de Andalucía para equiparar ambos permisos a 20 semanas en el horizonte de 2020.

El sindicato quiere que en esas negociaciones con el Gobierno se aborde la aplicación de la jornada laboral de 35 horas y otras medidas dirigidas a la conciliación, como la bolsa de horas recuperables (el 5% de la jornada, equivalente a 80 horas, acumulables en días) o el desarrollo del teletrabajo.

No obstante, para CSIF, el punto de partida de estas negociaciones pasaría por que el Gobierno, a través de un Real Decreto, garantizara que el próximo mes de enero entrará en vigor la subida salarial que se pactó para 2019 en la Función Pública.

El sindicato quiere así evitar que una posible ausencia de Presupuestos para 2019 impida que se apliquen los incrementos salariales que se pactaron en su día.

Además, ve necesario aplicar ya los fondos adicionales comprometidos para avanzar hacia la equiparación salarial de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas y garantizar un salario mínimo de 1.200 euros.

En materia salarial, CSIF también reclama la devolución de la estructura salarial previa al recorte que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 sobre las nóminas de los empleados públicos (un 5% de media), lo que permitiría cobrar de nuevo las pagas extras de manera íntegra.