PP, Vox y Ciudadanos se oponen reivindicando el derecho al trabajo
MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, Unidas Podemos, Más País y formaciones nacionalistas es independentistas han garantizado este martes en el Pleno del Congreso su apoyo a la tramitación de la proposición de ley para derogar el artículo 315.3 del Código Penal, relativo a las penas de cárcel dedicadas a los 'piquetes' de huelga y la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto.
En su defensa de la iniciativa, la diputada socialista Andrea Fernández Benéitez ha criticado que este apartado "deja espacio a una interpretación peligrosa y tendenciosa" y que, además, ha sido "útil para reprimir y amedrentar" a quienes, ha dicho, protestaron contra los recortes de derechos y servicios en la pasada crisis.
"Un país libre debería asumir la reivindicación social como lo que es, motor de avance", ha reivindicado Fernández, defendiendo a los sindicatos como un "pilar básico" para la "convivencia pacífica y democrática" y recordando que derechos como la jornada de ocho horas, las vacaciones remuneradas o mejores salarios se lograron gracias a las huelgas.
"La efectividad de una huelga no depende de la intensidad del piquete, sino del trabajo de concienciación y organización previo con los compañeros", ha reivindicado Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, que ha relatado cómo funcionan las coacciones para no hacer huelga tanto por parte de las empresas como de la Policía, "con casco y porra".
DEROGACIÓN URGENTE POR DECRETO
Jordi Salvador, de ERC, ha reclamado una derogación urgente de este precepto, a través de un decreto ley y ha recordado que hay 250 sindicalistas pendientes de conocer sus sentencias en aplicación de un precepto para "atar de pies y manos a los trabajadores" durante la crisis. "Fue lo primero que hicieron (el Gobierno del PP) porque venía la reforma laboral y la reforma de pensiones", ha asegurado.
Aun avalando esta derogación, formaciones como Esquerra Republicana, Más País, la CUP o el BNG han reclamado al Gobierno que vaya más allá y aborde una derogación de la 'Ley Mordaza'. "Nadie hace huelga por capricho", ha señalado Íñigo Errejón, reivindicando que "donde hay miedo no hay libertad".
Por el PNV, Mikel Legarda ha señalado que la huelga está reconocida "como juego de formas en conflicto". "Es una medida de presión y trae en sí misma elementos de coacción", ha aseverado, apuntando a que los "mecanismos de presión de la empresa no suelen ser considerados por los tribunales". Por ello, ha apostado por abrir una "reflexión parlamentaria para encontrar una normativa penal adecuada".
"Siempre con los piquetes frente a los esquiroles", ha subrayado Oskar Matute, de EH-Bildu, que ha pedido también a revisar la normativa sobre servicios mínimos, máxime para casos en los que hasta la propia Administración exige el 100%.
DERECHO A TRABAJAR EN PAZ
El PP ha ejercido un turno específico para manifestar su rechazo a la reforma, pues a juicio de su diputado Miguel Ángel Jerez supone "debilitar la protección" de los trabajadores, ya que el delito específico de coacciones en el ámbito de una huelga "protege el derecho fundamental a poder trabajar y a poder trabajar en paz".
Asimismo, ha advertido de que habrá penas más grandes por estas coacciones, con penas de hasta seis años, por la falta de este tipo reducido y ha asegurado que en los últimos años nadie le ha preguntado por la calle por la derogación de este artículo del Código Penal.
También han rechazado la derogación de este precepto sus socios electorales, UPN y Foro Asturias, reivindicando ambos en sus intervenciones la libertad y el derecho a la huelga. "Dar como bueno que a alguien que quiere trabajar le pueden coaccionar o darle una paliza no me parece lo más adecuado", ha dicho Carlos García Adanero (UPN).
Pablo Cambronero, de Cs, ha criticado el "carácter revisionista" de la iniciativa, ha asegurado que "la huelga es un derecho, no una obligación" y que "existen ocasiones en las que los 'piquetes' ejercen coacción y violencia". De su lado, Patricia de las Heras, de Vox, cree que con la despenalización se busca "legitimar acciones sindicales violentas". "¿Qué es lo próximo, despenalizar el delito de atentado contra la autoridad?", se ha preguntado.
