MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha denunciado el cobro de prestaciones por valor de 5,5 millones de euros abonadas a trabajadores por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en 2013 y no declaradas a la Administración Tributaria.
Así lo ha informado el presidente de la institución, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que ha dado cuenta, entre otros informes, del 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), ejercicio 2013'.
Como consecuencia de esta fiscalización, el Tribunal se dirigió a Hacienda para advertir de esta situación, pero también se incoaron diligencias preliminares, que finalmente fueron archivadas, y se formularon peticiones de responsabilidad penal por la existencia de empresas ficticias que, según ha dicho Álvarez de Miranda, no tenían actividad, sino que habían sido creadas con el único objetivo de que los trabajadores percibieran ayudas, particularmente prestaciones de garantía salarial.
FALTA DE PREVISIÓN Y FINANCIACIÓN
Durante su comparecencia, Ramón Álvarez de Miranda ha denunciado además "la falta de previsión" del Gobierno a la hora de dotar de una mayor suficiencia al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) durante los años de la crisis pues, según el informe de la institución que preside, el número de expedientes como consecuencia del aumento de empresas desaparecidas sin abonar a sus trabajadores ni salarios ni indemnizaciones aumentó en 2013 un 67%.
"Esta situación denota una falta de previsión del organismo, que debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes de prestaciones", ha señalado Álvarez de Mirando, destacando además "la insuficiencia de personal de las Unidades Administrativas Periféricas".
Como muestra, para el Tribunal "resulta significativa la insuficiente dotación presupuestaria para el pago de las prestaciones de garantía salarial", dado que los créditos iniciales para el año 2013, 843 millones de euros, tuvieron que ser incrementados en 531 millones --un 63%-- durante el ejercicio.
En todo caso, cree que las medidas adoptadas para hacer frente a "la gran acumulación de expedientes pendientes de resolver", como la contratación con una empresa privada, el empleo de personal interino o el abono de retribuciones por los expedientes instruidos fuera del horario laboral, "no fueron suficientes para paliar dicha situación".
CENSURA LA ENCOMIENDA A TRAGSA
Una de las medidas adoptadas fue la encomienda de gestión a la empresa pública Tragsatec, a pesar de que, como señala el Tribunal "la práctica totalidad de las actividades" de esta empresa "estaban relacionadas con trabajos agrícolas, ganaderos y forestales, muy alejadas de la actividad administrativa propia del Fogasa".
Esto "induce a considerar" al órgano fiscalizador que "desde el punto de vista de la legalidad vigente, no debió aceptarse como encomendable la contratación y realización de la citada encomienda". Además, apunta a que "la gestión efectuada en 2013 exclusivamente por Fogasa fue más eficiente" que con Tragsatec. En la fiscalización el propio Tribunal apuntaba a que de haber realizado los funcionarios estos trabajos el coste habría sido un 92% menor.
¿CUÁNTAS EMPRESAS HAY EN CONCURSO?
Otra de las criticas vertidas por el Tribunal es la ausencia en el Fogasa de un procedimiento que permita conocer cuántas empresas se encuentran en concurso o un cauce de comunicación formal entre las Unidades Periféricas y la administración concursal.
Algo que, advierte, "conlleva un riesgo para los fondos públicos, ante la posibilidad de no incluirse en la liquidación definitiva del concurso los créditos a favor del organismo o bien por la posible existencia de pagos duplicados a los trabajadores".
De hecho, denuncia que a pesar de que el saldo de deudores por subrogación del Fogasa ascendió a 7.041 millones de euros a finales de 2013, "las actuaciones para su recuperación fueron muy escasas y con pocas garantías de cobro, dada la antigüedad de la deuda y la situación de las empresas". El índice de cobro de estas deudas, señala, fue del 1,5%.
