27 de noviembre de 2020
21 de diciembre de 2018

Uso considera la subida del SMI a 900 euros una medida "aislada" que no resuelve el problema en el mercado laboral

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

USO ha calificado de medida "aislada" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes en 14 pagas aprobada este viernes por el Gobierno, al considerar que no resuelve el principal problema del mercado laboral en España.

En un comunicado, el sindicato explica que la subida "puede quedarse en un aumento de apenas un par de euros en los contratos temporales y parciales", por lo que pide ir más allá y que se penalice la contratación temporal y se luche contra el fraude en los contratos parciales.

Según un estudio de la OCDE, el umbral de salarios bajos está en los dos tercios del salario mediano nacional de cada país, por lo que en España el SMI, según USO, debería subir a corto plazo hasta los 1.146 euros, una demanda "muy lejana" a la aprobada por el Ejecutivo.

"Es muy significativo que esta subida naciera fruto de una reunión a puerta cerrada en un despacho entre el Gobierno y Unidos Podemos el pasado mes de octubre, en ningún caso del diálogo social, al que todos dan por noqueado desde hace años", afirma el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

En este sentido, Pérez recuerda que el paro sigue estando por encima de los 3,7 millones de personas y que de forma rotatoria salen y entran otros tres millones de trabajadores de las listas de desempleo.

Además, "tras más de siete meses, el actual Gobierno no ha propuesto ninguna modificación legislativa para paliar la alta tasa de temporalidad: nueve de cada diez contratos lo son, junto a las jornadas parciales involuntarias".

Por todo ello, desde USO demandan que el Gobierno ponga sobre la mesa propuestas a medio largo y plazo. "No nos quejamos de esta medida, pero es cortoplacista. De nada sirve subir el marco sobre el que calcular los salarios más bajos si no se actúa sobre el núcleo del problema: fomentar la contratación en jornada completa, penalizar mediante la fiscalidad la contratación temporal sistemática y luchar mediante la Inspección contra los contratos temporales o parciales en flagrante fraude de ley", concluye Pérez.