MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha advertido de que el Tribunal Supremo debe fijar doctrina en los contratos de seguros de vida y planes de pensiones y aplicar la transparencia en la contratación o, de lo contrario, los juzgados "se verán colapsados" con estas demandas.
Esta semana se han conocido dos sentencias del Alto Tribunal a favor de los consumidores de estos productos, pero no fijan doctrina. Para la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, los fallos son positivos, pero si no se fija doctrina los tribunales colapsarán, ya que "hay muchos consumidores que han contratado un seguro de vida o se han hecho un plan de pensiones y no les han dado la información correcta".
En una de las recientes sentencias, un afectado suscribió un contrato de seguro con Rural Vida por 50.000 euros en 2008 que cubría los supuestos de fallecimiento e incapacidad absoluta permanente a favor de Caja Rural de Aragón "por el importe de cualquier deuda contraída por el tomador y pendiente de liquidar en la fecha del siniestro".
Al concertar el seguro, contaba con un préstamo con dicha caja para la compra de su vivienda, y en la póliza constaba que declaraba no padecer enfermedad que precisase tratamiento médico. Cuando en 2013 se le reconoció la situación de incapacidad permanente absoluta como consecuencia de una epilepsia que padecía y se agravó, el consumidor solicitó a la aseguradora que amortizara el importe pendiente de pago del préstamo, pero esta lo rechazó y alegó que ocultó datos sobre su salud para la correcta valoración del riesgo.
El Tribunal Supremo ha resuelto que la aseguradora incumplió su obligación de formular preguntas claras y definitivas sobre la salud del asegurado, ya que nada le preguntaron sobre epilepsia, y niega que sea éste el que deba manifestar por iniciativa sus propias dolencias.
Por otro lado, el Alto Tribunal ha fallado a favor de las herederas de un consumidor que contrató un plan de pensiones y optó por la modalidad de pago de renta mensual durante 15 años, pero que murió ocho años antes del plazo. Su esposa era la beneficiaria en caso de su muerte, pero también había fallecido, por lo que el banco se hizo beneficiario del dinero. El Supremo ha sentenciado que la familia tiene que saber, por escrito, qué sucede en caso de fallecimiento.
Para la presidenta de Asufin, la sentencia es buena, pero cree que podría haber aprovechado para aplicar el control de transparencia en este tipo de productos. "Tarde o temprano, este tipo de productos complejos que se han contratado masivamente van a llegar a tribunales, porque un consumidor medio, sin conocimientos específicos, no puede tomar la mejor decisión para él", ha advertido.
