BRUSELAS, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha dado este jueves un ultimátum al Gobierno español para que en el plazo de dos meses corrija la legislación que dificulta la reclamación de indemnizaciones al Estado por infracciones del derecho de la Unión Europea, o llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bruselas abrió expediente a España el pasado mes de junio por la ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en 2015 y en vigor desde octubre de 2016, al considerar que hace "menos atractivas" y "más complicadas" las reclamaciones por la violación del Derecho comunitario que por casos que afectan a la legislación española.
La ley de Régimen del Sector Público fue aprobada después de que el TUE dictaminara en febrero de 2014 que el impuesto sobre los carburantes que aplicaban algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad (el llamado 'céntimo sanitario') vulneraba la legislación comunitaria.
El Ejecutivo comunitario cree que las disposiciones nacionales hacen que sea "excesivamente difícil" comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación comunitario, lo que en la práctica tiene una "repercusión negativa en la efectividad" de las normas de la UE, según explicaron fuentes de la institución cuando se inició el expediente sancionador.
La Comisión Europea considera que las disposiciones establecidas por el legislador español son "contrarias a los principios de equivalencia y/o efectividad", y apunta que contienen condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del TUE.
El ultimátum de Bruselas al Gobierno de Mariano Rajoy tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, que da un plazo de dos meses a las autoridades del país para que responda a las dudas de la Comisión. Si la respuesta no es satisfactoria, el Ejecutivo comunitario elevará el caso ante la Justicia europea.
