BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno catalán aprobó hoy la reforma de la ley de cajas de ahorros, que alarga los mandatos de los presidentes y consejeros de cuatro a seis años, y anunció para la próxima legislatura cambios "más en profundidad", según explicó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Joaquim Nadal.
En rueda de prensa tras la reunión del Govern, Nadal explicó que la intención del tripartito es dejar para un nuevo periodo legislativo una reforma "más en profundidad" de la ley del sector, que versará sobre asuntos "más estructurales y que no requieren tanta prisa".
Fuentes de la conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat explicaron a Europa Press que la reforma hoy aprobada es "una ligera modificación" en la normativa, aprobada hace 21 años, para adecuarla a la realidad del sector.
El proyecto aprobado hoy modifica 10 de los 53 artículos de la ley actual. La Generalitat tramitará mañana mismo el proyecto al Parlament, con la intención de aprobar la ley antes de noviembre. No obstante, el calendario queda comprometido si finalmente hay elecciones anticipadas.
Nadal explicó que la intención del conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, es llevar a cabo "un reforma en dos tiempos" de la ley de cajas, para cumplir así con el pacto de izquierdas del Tinell, que prometía una reforma del sector más a fondo.
Preguntado sobre qué sentido tenía una reforma ahora cuando se quiere impulsar otra la próxima legislatura, Nadal afirmó: "La reforma que hoy aprobamos es puntual y con cierta urgencia de calendario, sobre determinados aspectos", que no matizó.
La reforma de la ley de cajas, que ha sido pactada con la Federación Catalana de Cajas, introduce como novedad el hecho de que los presidentes puedan alargar sus mandatos de cuatro a seis años, en línea con la normativa estatal, lo que abrirá la puerta a prorrogar la presidencia de Ricard Fornesa en 'La Caixa' dos años más a partir de 2007.
El proyecto pretende reforzar el modelo catalán de cajas, por lo que por primera vez se delimitan las "funciones" de los presidentes de estas entidades, que se circunscribirán únicamente a ejercer de "máximos representantes de la institución y presidentes del consejo de administración".
RETRIBUCIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE.
Además, se establece, también por primera vez, que la entidad pueda decidir que el cargo de presidente esté retribuida, de tal forma que no tenga porque compatibilizar sus funciones con la participación en órganos de gobiernos de otras empresas.
Como gran novedad, la norma establece que las cajas destinen obligatoriamente una parte "equilibrada y significativa" de sus resultados --una vez descontadas las reservas-- a obra social. La reforma no establece una cantidad mínima o máxima y será la Generalitat, en ejercicio de sus funciones de protectado, la que acordará con cada entidad el establecimiento concreto de una cantidad.
La nueva normativa obligará a las cajas a nombrar para sus órganos de gobierno exclusivamente a entidades "con representatividad social y económica en el territorio", frente a la indefinición de la actual ley. Estas entidades tienen por derecho ahora el 30% de la representatividad en los órganos de gobierno, frente al 40% de los impositores, el 20% de los trabajadores y el 10% del gobierno local, porcentajes que no se alterarán.
El objetivo es evitar que entidades que nada tienen que ver con el mundo económico del territorio donde opere la caja tengan un puesto reservado como consejeros en la asamblea o vocales en el consejo de administración, explicaron los citados medios.
FUNDACIONES CIRCUNSCRITAS A LA OBRA SOCIAL
La ley plantea limitaciones a la figura de las fundaciones gestoras de la obra social, para que no realicen una actividad distinta a ésta, con el fin de que no se desnaturalicen o no cumplan con sus fines.
Entre las novedades destaca la potestad de las entidades para fijar el importe de las dietas que percibirán consejeros y vocales, para evitar, como hasta ahora, que este extremo esté fijado por igual para cada entidad por una orden de la Generalitat que data de hace quince años.
Por otra parte, se obligará a todos los altos cargos de la entidad, y no sólo los vocales del consejo y consejeros de la comisión de control, como hasta ahora, a figurar en un registro. La finalidad es detectar cualquier error o incumplimiento en el régimen de incompatibilidades.
