AMA pide a la DGS que aporte el informe elaborado por el abogado del Estado en el que se basó la inhabilitación de los ex directivos
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía de Estado ha solicitado al juez el sobreseimiento libre de las tres querellas presentadas contra el director general de Seguros, Ricardo Lozano, por la Asociación Mutual Aseguradora (AMA), cuyo abogado solicitó la continuación del procedimiento y la práctica de nuevas diligencias de investigación, según confirmaron los representantes legales de ambas partes.
El máximo responsable de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) compareció hoy por segunda vez ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por las querellas presentadas por el ex presidente de AMA Diego Murillo y los antiguos consejeros de la mutua Manuel Campos y Manuel Sánchez, inhabilitados por la DGS por cobrar indebidamente cerca de 2,5 millones de euros entre 2004 y 2007.
Durante su declaración, Lozano defendió la legalidad del proceso sancionador abierto contra AMA y aseguró que la resolución administrativa de ejecución de la inhabilitación, dictada por la DGS el 4 de octubre de 2008, se consultó previamente con los servicios jurídicos del Estado, según informaron fuentes jurídicas.
A raíz de estas declaraciones, el abogado de AMA, Manolo Murillo, solicitó a la DGS que remita al juzgado el informe jurídico en el que se apoya la orden de inhabilitación, así como el nombre del abogado del Estado que elaboró dicho informe, al no encontrarse en la documentación del expediente sobre AMA remitida al juzgado, según las mismas fuentes.
Los querellantes consideran que la ejecución de la DGS fue un "acto coactivo e ilegal", ya que dicha resolución no se puede ordenar cuando aún cabe recurso de súplica contra esta decisión ante la Audiencia Nacional y de casación ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, la Abogacía del Estado considera que las inhabilitaciones se pueden ejecutar como medida cautelar y aseguró que AMA no ha recurrido la resolución de la DGS ante el Ministerio de Economía, cuyo procedimiento seguiría después ante los tribunales contencioso-administrativos, y que se ha limitado a recurrir las sanciones monetarias impuestas por sus irregularidades.
Al respecto, AMA considera que esta resolución está recurrida ya dentro del procedimiento que tramita la Audiencia Nacional y que tiene pendiente de resolver un recurso de súplica presentado por la mutua contra el auto dictado el pasado 13 de noviembre que mantuvo la inhabilitación y admitió la suspensión de las multas impuestas a los tres directivos, bajo la condición de que éstos presentaran un aval bancario por importe de 225.000 euros por persona.
La Abogacía del Estado defiende que los antiguos directivos de AMA renunciaron voluntariamente a sus cargos seis días después de la inhabilitación. Los querellantes mantienen que presentaron su dimisión coaccionados por la DGS.
LOZANO NIEGA LAS CALUMNIAS.
Durante su declaración, Lozano negó haber sido el autor de las declaraciones atribuidas al organismo que dirige aparecidas en prensa el pasado 23 de diciembre en las que se acusaba al consejo de AMA de haber desviado 40 millones de euros de sus mutualistas y que le ofreció al actual director de AMA, Eudald Bonet, realizar un desmentido pero que éste no le contestó.
El abogado de AMA solicitó al juez que llame a declarar como testigo a la jefa de personal de la mutua, Mercedes Benito Morante, así como al inspector de la DGS Fernando Moreno Gamazo, que fue el primero que revisó la situación económica de AMA en mayo de 2007 concluyendo que era una empresa saneada.
Asimismo, los querellantes piden las testificales del periodista de 'El Economista' que publicó las presuntas acusaciones de desvío de dinero de AMA y del periodista Pedro Aparicio, director de PRnoticias, que destapó que la mujer de Lozano posee una empresa de asesoramiento a empresas de seguros registrada en el domicilio conyugal, por lo que está imputado por un presunto delito de actividades prohibidas a funcionarios y vulnerar el artículo 441 del Código Penal.
Por último, AMA pide también la declaración como testigos de la jefa de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA), Concepción Bermúdez, y del director general del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), Ignacio Macheti.
