La Fiscalía pide que declaren como testigos los expresidentes de Telefónica Juan Villalonga y Cándido Velázquez, entre otros directivos
MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha señalado para el próximo 14 de junio la primera sesión del juicio oral por el 'caso Sintel', once años después de la quiebra de la entonces filial de Telefónica que dejó 1.828 trabajadores sin empleo y un déficit patrimonial de 59,3 millones de euros, según el auto dictado el 26 de marzo al que tuvo acceso Europa Press.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a ocho antiguos directivos de la empresa por presuntos delitos societarios, de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública y les impone además una fianza de 300 millones de euros. Contra el auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.
La Fiscalía Anticorrupción pide para seis de los ocho acusados penas de cinco años y seis meses de prisión como responsables del vaciamiento patrimonial de la empresa y su posterior quiebra. El cierre de Sintel llevó a sus trabajadores a acampar durante seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana.
Los acusados son los hijos del empresario cubano exiliado en Estados Unidos Jorge Mas Canosa ya fallecido, Jorge y Juan Carlos Mas Santos, el expresidente y exconsejero delegado de la sociedad creada para gestionar la compra de Sintel, Mastec Internacional.
También están acusados el exvicepresidente de Sintel José Miguel Sariego y los miembros del consejo de administración Juan Antonio Casanova de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza y el exdirector financiero y apoderado de Sintel Pedro José Novela Berlín. Para estos dos últimos, la Fiscalía pide dos años y medio de prisión por cooperadores necesarios de la insolvencia punible.
El juez Santiago Pedraz cerró la investigación del 'caso Sintel' mediante auto de 30 de junio de 2009 y dictó la apertura de juicio oral. Pedraz también considera a todos los procesados responsables civiles de la quiebra junto con las empresas MasTec Inc, Sintel International Corp y Artcom Technologies -esta última beneficiaria de parte del dinero de Sintel- declaradas responsables civiles subsidiarias.
La Audiencia Nacional señala que MasTec Inc es la "única" de las tres sociedades consideradas responsables "de la que se tiene constancia de su localización y posible domicilio", a la que sigue reclamando información a través de una comisión rogatoria urgente enviada a Estados Unidos en pasado 5 de noviembre, según otro auto dictado este lunes.
El juicio se celebrará en las dependencias de la Audiencia Nacional situadas en San Fernando de Henares (Madrid). La Sala fija para el 14 de junio el interrogatorio de los acusados, los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal y por las defensas. Al día siguiente, se procederá al interrogatorio de los peritos y a la práctica del resto de pruebas propuestas por las partes.
Además de la acusación formulada por Anticorrupción, estarán presentes en el juicio dos acusaciones particulares en representación de los trabajadores de Sintel y la acusación de los órganos de la quiebra de Sintel. Los trabajadores de Sintel piden las mismas condenas que el fiscal encargado del caso, José Grinda.
RESTITUCIÓN DE LOS SALARIOS IMPAGADOS.
La Fiscalía pide al tribunal que se les condene a todos ellos a restituir un total de 37,3 millones de euros a la masa de la quiebra, más 16,05 millones de euros por los salarios de los trabajadores y 37,6 millones de euros por indemnizaciones de extinción de contratos impagados. De éstas dos últimas cifras el Fogasa ya anticipó 19,6 millones de euros.
A su vez, el fiscal pide que se añadan los pagos incumplidos establecidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2001 para la totalidad de la plantilla de Sintel, las medidas sociales acordadas que nunca se llevaron a cabo, excepto el plan de prejubilación que sí se cumplió, y una indemnización de 12.000 euros por daños morales para cada trabajador afectado.
DIRECTIVOS DE TELEFÓNICA COMO TESTIGOS.
La Fiscalía pide la declaración durante el juicio de cerca de un centenar de testigos, entre los que se encuentran los cinco directivos de Telefónica que estuvieron imputados en la causa. Pedraz archivó las imputaciones contra ellos en diciembre de 2007 y en enero de 2008.
De esta forma, se prevé que declaren el presidente de la compañía entre 1996 y 2000, Juan Villalonga, y su predecesor en el cargo, Cándido Velázquez, que fue quien firmó el acuerdo de venta de Sintel. Además, testificarán el secretario general en tiempos de Villalonga, José María Mas Millet, y el entonces vicesecretario general, Diego Luis Lozano Romeral. Además, piden la testifical del secretario del consejo de administración de la empresa en tiempos de Velázquez, Heliodoro Alcaraz.
ANTECEDENTES.
El 30 de abril de 1996 Telefónica alcanzó un acuerdo con Mastec, propiedad de Mas Canosa, para venderle su filial Sintel a través de la filial MasTec International, creada únicamente para gestionar la compra.
A partir de ahí, los responsables realizaron 'operaciones de descapitalización progresiva' con simulaciones de ventas de Sintel a varias sociedades 'desgajadas de la matriz' y domiciliadas en paraísos fiscales 'sin que conste que Sintel haya cobrado cantidad alguna'.
En mayo de 2001, un tribunal declaró la quiebra de Sintel dejando a 1.788 acreedores y 1.828 trabajadores afectados distribuidos por todo el territorio nacional, cuya situación les llevó a acampar durante seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana, en lo que se llamó 'el Campamento de la Esperanza'.
