Los letrados insisten en que sus socios en Urbanor conocían la existencia de dos precios en el venta de los terrenos a KIO
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La defensas de Alberto Cortina y Alberto Alcocer pidieron hoy al tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid una sentencia absolutoria, al considerar que no existe ninguna prueba que demuestre la autoría o inducción de ambos en la presunta trama de falsificación de una carta para tratar de inculpar a sus socios en Urbanor, y conseguir la revisión de la condena por estafa dictada por el Tribunal Supremo el 14 de marzo de 2003.
Los abogados de Cortina y Alcocer, Juan Casanueva y Víctor Moreno, respectivamente, negaron las acusaciones de falsedad en documento privado, denuncia falsa y estafa procesal y pidieron al tribunal que condene a pagar las costas del proceso por actuar de mala fe a los acusadores y socios de Urbanor, el constructor Julio San Martín y el arquitecto Pedro Sentieri junto a sus socios Luis García Alarcón y Francisco Castelló.
Las defensas responsabilizaron a los hermanos Javier y José María Arnáiz, y la documentalista Gloria Álvarez de intentar estafar a 'los Albertos' y a sus abogados. Los Arnáiz firmaron un contrato notarial con los empresarios el 27 de marzo de 2003 para la búsqueda de pruebas exculpatorias a cambio de 4,5 millones de euros de la indemnización de Urbanor.
"El contrato evitó que los Arnáiz pudieran consumar la maniobra defraudatoria", defendió Casanueva. Por su parte, Moreno afirmó que fue el abogado Ramón Hermosilla, también acusado, el que elaboró el contrato "sin recibir órdenes de sus clientes" y defendió que dicho documento "no contenía nada turbio". Las defensas incluyen a la documentalista Gloria Álvarez en el intento de engaño.
NO SE HA PODIDO ACREDITAR LA FALSEDAD.
Ambas defensas afirmaron que no se ha podido acreditar la falsedad de la carta, de fecha 2 de octubre, donde Sentieri instaba a San Martín a que ocultara al tribunal que iba a juzgar el 'caso Urbanor' un mes después que conocían la existencia de dos precios.
"La realidad es que había dos precios o dos operaciones distintas", insistió el abogado de Cortina. "El contenido de la carta en modo alguno podía extrañar a 'los Albertos' porque siempre han mantenido que los acusadores conocían la existencia de dos precios", afirmó Casanueva.
Moreno negó la acusación de intento de estafa procesal alegando que la sentencia del Tribunal Constitucional, de febrero de 2008, que anuló por prescripción la condena del Supremo por la estafa de Urbanor, doctrina acogida cinco meses después por el Alto Tribunal, demostró que no existió el "desplazamiento patrimonial" necesario para probar el delito.
Por su parte, el abogado de Hermosilla, Nicolás González-Cuéllar, negó que su defendido fuera el autor o inductor del contenido de la carta y defendió su actuación "profesional". "Ningún jurista escribiría esa carta", afirmó el abogado, que achacó la autoría a "un aficionado al derecho".
La defensa de Peláez, José Antonio Choclán, afirmó que el abogado actuó "en defensa de sus clientes" y que "trató de evitar un procedimiento injusto", al personarse como acusación particular en enero de 2004 en nombre 'los Albertos' ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que comenzó a investigar la procedencia anónima de la carta tras la denuncia presentada por Álvarez y en cuyo proceso estuvieron acusados Sentieri y San Martín por falso testimonio.
'Los Albertos', los Arnáiz y Álvarez se enfrenta a penas de hasta ocho años y cuatro meses de cárcel. La pena máxima solicitada para Hermosilla y Peláez es de cuatro años y cuatro meses. El Ministerio Fiscal no acusa a los empresarios ni a sus letrados, mientras que San Martín tampoco responsabiliza de la trama a los dos abogados.
