MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ex director de inversiones de Kio, Richard Robinson, declaró hoy como imputado ante la Audiencia Nacional en la causa que juzga la operación 'Croesus' por el presunto desvío de 27,4 millones de dólares en 1987 desde la empresa Torras, procedentes a su vez de un préstamo de Kio, a una cuenta bancaria domiciliada en Suiza cuyo beneficiario último era el empresario Enrique Sarasola.
Robinson explicó que era "práctica habitual" de Kio el realizar pagos "a terceros" por sus servicios de asesoramiento e influencias en las operaciones del grupo a través de cuentas domiciliadas en el extranjero, principalmente en Suiza. En el caso del desvío de fondos a Croesus fue él quien "pasó la transferencia" bajo las órdenes del entonces 'número dos' de Kio, Khaled Yafar, y con la confirmación del empresario ya fallecido Narciso de Mir.
"No sabía que el dinero iba para Sarasola", afirmó Robinson, quien también exculpó de cualquier responsabilidad al principal acusado en la causa, el empresario Javier de la Rosa, alegando que éste "no tenía poder" en Kio. Sin embargo, el acusado apuntó que dentro de la empresa kuwaití "estaba asumido" que Sarasola era el que intercedía ante los responsables políticos en las diferentes operaciones.
Durante la sesión, celebrada en la Sección Primera de la Sala de lo Penal, se fueron mencionando puntualmente las operaciones realizadas por Kio a finales de los años 80 y que dieron lugar a numerosos procesos judiciales derivados del caso 'Urbanor', que juzgó la venta en 1988 de Urbanor a Kio de los terrenos de Plaza Castilla donde se sitúan las torres Kio mediante la que salieron beneficiados 'los Albertos', así como Enrique Sarasola.
Al respecto, el acusado admitió conocer el precio que pagó Kio por las acciones de Urbanor, así como los pagos a Sarasola por sus gestiones en la operación. 'Los Albertos' pactaron con Kio la permuta de las acciones en Urbanor por la mayoría de las acciones que el grupo kuwaití poseía del Banco Central a través de Cartera Central con la finalidad de que salieran del banco.
Robinson también mencionó los "pagos complementarios" al precio oficial de las acciones que fueron destinados a "algunos accionistas esenciales" para el éxito de la OPA de Grupo Torras sobre Ebro en marzo de 1988, así como los pagos "complementarios" contemplados en la OPA de Torras sobre Explosivos Río Tinto realizados desde una cuenta suiza con "titularidad de De la Rosa".
El acusado afirmó que no supo nada de 'Croesus' hasta 1993, y que se enteró "por la prensa" de la operación. La acusación particular del Grupo Torras solicita 8 años de cárcel para Robinson por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
El inglés fue el último de los acusados en comparecer. Durante las sesiones previas declararon De la Rosa, el ex asesor externo del Grupo Torras, Plinio Coll, el ex consejero delegado de Torras, Jorge Núñez, y el ex director financiero, Javier Soler.
